Tres semanas después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, Ceuta concentra una cifra de menores no acompañados que el Gobierno central cifra en 2.168, mientras las organizaciones humanitarias elevan ese número a 4.000. La distancia entre ambas estimaciones ya dice algo sobre la opacidad con que se gestiona la crisis.
La Comisión Europea sostiene que el derecho de la UE contempla la devolución a Marruecos de todos los migrantes en situación irregular, incluidos los menores. Bruselas invoca la directiva de retorno vigente y el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, aprobado en junio, que endurece la política del bloque. El Partido Popular ha ido en la misma dirección: su líder, Núñez Feijóo, exigió ante la prensa que sean devueltos «todos los que han entrado ilegalmente», tanto mayores como menores, en un plazo máximo de un mes.
Sin embargo, el mismo artículo 10 de esa directiva de retorno establece que antes de cualquier decisión sobre un menor no acompañado las autoridades deben garantizar asistencia de organismos de protección —distintos de los encargados de la expulsión— y asegurar que el niño será retornado a un familiar, a un tutor designado o a instalaciones de acogida adecuadas en el país de origen. La norma no deja margen para devoluciones colectivas ni exprés.
Save the Children lo resume con precisión: «Devolver en caliente a menores migrantes no acompañados es ilegal. No se permite ni en el ordenamiento jurídico español ni en el europeo», señaló Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de la organización, en declaraciones recogidas por Infobae. Perazzo añade que muchos de esos menores han huido de situaciones de violencia —a veces dentro de sus propias familias—, conflictos armados o pobreza extrema, y que la legislación obliga a escuchar al niño antes de decidir su futuro.
El Gobierno de Ceuta y el Ejecutivo central trabajan en un plan de emergencia que contempla trasladar a unas 500 niñas migrantes a la Península, al considerarlas el grupo más vulnerable. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia confirmaron a Infobae que el plan incluye un Real Decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas, así como fórmulas de acogimiento familiar y vías para agilizar la participación de organizaciones de protección.
El traslado a otras comunidades, precisa Save the Children, no sustituye el análisis individual de cada caso: busca que los menores reciban protección mientras especialistas estudian su situación en profundidad.
La lectura de Continente. El debate sobre los menores de Ceuta expone una tensión real entre soberanía de fronteras y obligaciones jurídicas adquiridas. Conviene mirar los incentivos: un decreto de acogida vinculante distribuye el coste político entre todas las comunidades autónomas, pero no resuelve el problema de fondo, que es la ausencia de acuerdos operativos con Marruecos que hagan posible el retorno con garantías. Mientras ese vacío persista, el aparato estatal absorberá recursos crecientes sin que ninguna de las partes —ni el Gobierno central, ni las comunidades, ni Bruselas— asuma la responsabilidad de diseñar una política migratoria que sea a la vez legal, eficaz y sostenible para el contribuyente español. El dato importa más que el ruido: 2.168 menores según el Gobierno, 4.000 según las ONG. Esa brecha de casi el doble no es un detalle técnico; es el síntoma de una gestión que todavía no controla su propio perímetro.
