Marruecos no ha archivado su reclamación sobre Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, lo dejó claro en una entrevista con la cadena Asharq News: «Este asunto sigue sobre la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión». La declaración no introduce una novedad diplomática, pero su momento sí importa: llega casi dos semanas después de la crisis migratoria que sacudió Ceuta y mientras Madrid y Rabat negocian la situación de los menores marroquíes presentes en la ciudad.
Ouahbi describió la posición de Rabat como una política «de largo aliento», sin plazos ni mecanismos concretos, pero sin rebaje alguno de la posición oficial. «Seguimos reivindicando nuestros territorios y queremos resolver el problema mediante el diálogo», precisó. La fórmula combina firmeza en el fondo con moderación en las formas: Marruecos no agita la bandera, pero tampoco la guarda.
La inmigración como palanca
El ministro rechazó de plano que Rabat utilice la presión migratoria para obtener concesiones políticas, económicas o territoriales. «Nosotros nunca hemos utilizado esta cuestión como una herramienta y no tenemos intención de hacerlo», afirmó. Sin embargo, su argumentación posterior dibuja una posición más compleja.
Ouahbi cuestionó la coherencia de la política migratoria española: si Madrid pide a Marruecos que frene las salidas irregulares, pero una vez que los migrantes alcanzan territorio español pueden acceder a mecanismos legales de protección, el incentivo para cruzar no desaparece. «No pueden pedirme que impida la inmigración irregular y, cuando una persona migra irregularmente a España, ustedes le conceden una situación legal allí», reprochó. Su propuesta pasa por canales oficiales y una estrategia coordinada que defina qué ocurre antes, durante y después de una entrada irregular.
El ministro advirtió además que detrás de las rutas irregulares operan redes que explotan la vulnerabilidad de los migrantes. «Lo que se esconde detrás de la inmigración irregular es más peligroso que la propia inmigración irregular», señaló, y enumeró la trata de personas, la explotación sexual de menores, las violaciones y el tráfico de órganos.
Los menores, otro frente abierto
Ouahbi reclamó el regreso a Marruecos de los menores marroquíes presentes en España. «No renunciamos a nuestros niños. Queremos y exigimos que nuestros niños regresen a Marruecos», declaró. Rechazó que permanezcan en territorio español para cubrir necesidades demográficas del país y añadió un argumento de identidad cultural: «No podemos arrancarlo de su familia para educarlo conforme a valores, una moral o unas creencias diferentes de los valores, la moral y las creencias marroquíes».
Lo que revelan los incentivos
Conviene mirar los incentivos. La estrategia marroquí descrita por Ouahbi es racionalmente coherente: mantener viva la reivindicación territorial a bajo coste diplomático, utilizar la gestión migratoria como moneda de negociación sin admitirlo formalmente, y reclamar la repatriación de menores como argumento soberanista. España, mientras tanto, enfrenta una contradicción estructural que el propio ministro señala con precisión: su legislación de protección al migrante debilita el poder de disuasión que pretende delegar en Rabat.
El dato importa más que el ruido. Ninguna de las dos capitales tiene incentivos inmediatos para una ruptura, pero Marruecos acumula palancas —territorio, migración, menores— que activa de forma selectiva. Madrid necesita una política migratoria con consecuencias reales, no solo acuerdos de cooperación que Rabat puede calibrar a conveniencia. La soberanía sobre Ceuta y Melilla no está en disputa jurídica hoy, pero la presión acumulada tiene costes que el contribuyente español termina pagando, en recursos de acogida, en tensión diplomática y en concesiones que rara vez se contabilizan en público.
