La crisis migratoria en Ceuta supera las tres semanas desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, y el debate jurídico sobre qué hacer con quienes llegaron de forma irregular ha puesto en primer plano una herramienta que Bruselas activó hace apenas meses: la lista de países de origen seguros.
En febrero, el Parlamento Europeo aprobó cambios en la normativa de asilo de la UE con el objetivo de «facilitar que las solicitudes sean tramitadas con más celeridad». El resultado fue una nueva lista de países de origen seguros que incluye a Marruecos, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India y Túnez. La lógica es directa: si un solicitante proviene de uno de esos países, su trámite puede acelerarse porque se parte de la premisa de que allí, en general, no existe persecución ni riesgo grave.
El Partido Popular ha recogido ese argumento para exigir que «todos aquellos que entraron de manera irregular, sean menores o adultos», sean devueltos a Marruecos. La apelación tiene base normativa, pero choca con capas adicionales de derecho europeo e internacional que las organizaciones humanitarias se han apresurado a señalar.
Lo que la etiqueta permite y lo que no
El reglamento europeo sobre tercer país seguro establece que los Estados miembros pueden declarar inadmisible una solicitud de asilo si el solicitante mantiene vínculos con ese país, ha transitado por él o existe un acuerdo de admisión entre la UE o un Estado miembro y ese país. Sin embargo, la propia UE aclara que estas listas no son absolutas y que cada persona tiene derecho a que su caso sea examinado de forma individual.
Para los menores no acompañados, tanto la legislación española como la europea exigen una evaluación individualizada que considere el interés superior del niño. Para los adultos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe las expulsiones colectivas y obliga a España a examinar cada solicitud de asilo de forma íntegra antes de ejecutar cualquier devolución.
Human Rights Watch, que entrevistó a más de 70 migrantes en Ceuta entre el 15 y el 18 de agosto, señala que muchas de las personas que cruzaron llevan años de travesía y han expresado su deseo de pedir asilo sin haber recibido información ni acceso a ese proceso. La organización también documenta casos de mujeres y niñas marroquíes que huyeron de situaciones de violencia de género y para quienes el retorno implicaría, según su evaluación, un riesgo mayor.
El fundamento de la designación
La Agencia de la Unión Europea para el Asilo concluyó que en Marruecos no existen indicios de persecución sistemática ni de riesgo grave de daños para sus ciudadanos ni para los de otros países. Uno de los pilares de esa evaluación es el marco jurídico internacional que Rabat ha suscrito: Marruecos ha ratificado 13 de los 18 principales tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La Constitución marroquí de 2011 reconoce además la primacía de los convenios internacionales ratificados sobre la legislación nacional.
Organizaciones sociales, sin embargo, sostienen que la designación responde «principalmente a criterios de cooperación y gestión diplomática, y no a una evaluación completa de la situación de los derechos humanos», según declaraciones recogidas por Infobae.
La lectura que importa
Conviene mirar los incentivos. La lista de países seguros es, ante todo, un instrumento de gestión: permite a los Estados miembros procesar solicitudes con mayor rapidez y reducir el coste administrativo y político de una presión migratoria que ningún gobierno europeo ha logrado encauzar de forma sostenible. Que Marruecos figure en esa lista no es un accidente; es el resultado de años de cooperación bilateral en materia de control fronterizo, una relación en la que Rabat tiene poder de negociación real.
El dato importa más que el ruido. La UE construyó una herramienta jurídica con salvaguardas individuales precisamente para no quedar atrapada entre la presión migratoria y las críticas de organismos humanitarios. El problema no es la herramienta: es que los Estados miembros carecen de la capacidad operativa y la voluntad política para aplicarla con la celeridad que la norma promete. Mientras esa brecha persista, Ceuta seguirá siendo el escenario donde el derecho escrito y la realidad sobre el terreno se miran sin resolverse.
