El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó oficialmente a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República para el período 2026-2031. La declaración del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, pone fin a semanas de incertidumbre tras el ajustado balotaje del 7 de junio, en el que la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez.
Fujimori, de 51 años, recibió la noticia en la sede de su partido en Lima y no demoró en fijar el tono de su gobierno. «Hoy comienza una nueva etapa para el Perú», declaró ante la prensa. Una etapa de «responsabilidad, de diálogo y de resultados», precisó, añadiendo que «Perú necesita recuperar el orden en sus calles, en sus instituciones y el Estado».
La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 del mismo mes, cuando sucederá al mandatario interino José María Balcázar. La agenda que hereda es exigente: una criminalidad en auge y una economía que crece por debajo de su potencial, con la amenaza adicional del fenómeno climático El Niño en el horizonte de los próximos meses.
Las reacciones internacionales no tardaron. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó a Fujimori en su cuenta de la red social X y extendió sus congratulaciones «al pueblo peruano por su compromiso democrático». Sánchez subrayó que «España seguirá trabajando para fortalecer los estrechos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países y a nuestras sociedades».
Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, fallecido en 2024. Su victoria cierra, según su propia caracterización, un capítulo marcado por una década de inestabilidad política que dejó al país con múltiples presidentes y una institucionalidad erosionada. «Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones», afirmó. «Sabemos que los ciudadanos esperan resultados».
Conviene mirar los incentivos. Perú llega a este momento con una economía que no ha alcanzado su potencial y con un electorado que, por estrecho margen, optó por el orden y la estabilidad frente a una oferta de izquierda que en otros países de la región ha producido más turbulencia que prosperidad. El mandato implícito que recibe Fujimori es claro: restablecer la seguridad jurídica, atraer inversión privada y demostrar que las instituciones pueden funcionar sin sobresaltos.
El dato importa más que el ruido. Una diferencia de apenas 0,27 puntos porcentuales obliga a la presidenta electa a gobernar con amplitud de miras, pero no la exime de actuar con decisión en las reformas que el libre mercado y el Estado de derecho requieren. La historia reciente del país sugiere cautela ante promesas de «nueva etapa»; lo que distinguirá a este gobierno será la capacidad de convertir el discurso del orden en política ejecutada.
