El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó el aseguramiento de más de 22 mil controles de videojuego de origen chino en el puerto de Manzanillo, Colima. El operativo se realizó en el recinto fiscalizado CONTECON y arrojó la retención de 7 mil 650 piezas de controles tipo Sony y aproximadamente 15 mil 300 tipo PlayStation, con un valor estimado de 2 millones 295 mil pesos.
La intervención se activó «debido a que se identificaron elementos susceptibles de constituir una infracción en materia de propiedad intelectual», según el comunicado oficial del IMPI. La agencia actuó en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Fiscalía General de la República, instancias que determinaron la comisión de un delito en la materia. Las piezas fueron retiradas y trasladadas a las bodegas del IMPI en la Ciudad de México.
El director general del IMPI, Llerenas, señaló que «se continuará con las actuaciones correspondientes y el Instituto proporcionará la trazabilidad documental requerida a las autoridades competentes». Añadió que la etapa de investigación por parte de la Fiscalía General de la República sigue en curso.
El operativo se suma a otro realizado el 13 de agosto en el mismo puerto, cuando el IMPI localizó 379 cajas con productos que ostentaban la denominación Pall Mall: 60 paquetes por caja y 10 cajetillas por paquete, lo que sumó un total de 227 mil cajetillas aseguradas.
Manzanillo, principal puerto de entrada de carga contenerizada en México, se confirma así como punto recurrente de ingreso de mercancía que presuntamente infringe derechos de propiedad intelectual. Dos operativos en menos de dos semanas, ambos con origen en China, ilustran la escala del problema.
Conviene mirar los incentivos. La falsificación a esta escala no es un fenómeno artesanal: requiere logística, financiamiento y, con frecuencia, complicidades en la cadena de internación. Cada control pirata que llega al mercado desplaza a un producto legítimo, erosiona la recaudación fiscal y desincentiva la inversión de empresas que confían en que el Estado hará valer las reglas. La propiedad intelectual no es un privilegio corporativo; es el andamiaje que hace posible la innovación y la libre empresa. El dato importa más que el ruido: 2 millones 295 mil pesos en una sola carga interceptada sugieren que el volumen de lo que no se detecta puede ser considerablemente mayor. La coordinación interinstitucional es necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de sanciones que eleven el costo real de infringir la ley.
