El ministro de Seguridad de Honduras, Velásquez, confirmó el viernes que las fuerzas de seguridad investigan cómo se filtró la identidad de un testigo protegido en el caso de la desaparición de la universitaria Angie Peña, ocurrida en enero de 2022. El hombre, identificado como Dereck McNeil, fue asesinado el lunes pasado en la isla de Roatán por hombres armados que se desplazaban en motocicleta.
«Hemos extrañado saber cómo se filtró la información de que realmente esta persona era un testigo protegido exactamente de este caso», declaró Velásquez ante la prensa. El funcionario señaló que las autoridades deberán establecer si la información pudo haber sido filtrada desde alguna de las instituciones involucradas en la investigación.
El caso Peña tiene como punto de partida el 1 de enero de 2022, cuando la joven desapareció tras salir desde West Bay, en Roatán, a recorrer el mar en moto acuática junto a una hermana mayor, al parecer acompañadas de un guía. En el trayecto decidieron continuar solas; una de ellas regresó al punto de partida, pero Angie no volvió a ser vista. Días después, su moto acuática, su chaleco salvavidas y otras pertenencias fueron hallados en un cayo de Belice.
La primera hipótesis policial apuntaba a un ahogamiento accidental, pero la insistencia de la familia —que denunció sospechas de secuestro— obligó a las autoridades a abrir una línea de investigación criminal.
Velásquez precisó que el programa de protección de testigos es administrado por el Ministerio Público y que, en algunos casos, la Policía Nacional desconoce incluso la identidad de las personas acogidas a ese mecanismo. Explicó además que la figura no siempre exige custodia permanente, sino que en muchos casos se limita a la reubicación y al resguardo estricto del nombre del individuo. El funcionario garantizó que cualquier fuga de información será investigada mediante los mecanismos de control interno, aunque sostuvo que de momento no hay evidencias que incriminen a ningún agente.
Walter Peña, padre de la joven desaparecida, lamentó el asesinato de McNeil, cuestionó al Estado hondureño por no haber podido garantizar su protección y expresó temor por la seguridad de los demás testigos vinculados a la causa. Ratificó que no desistirá en la exigencia de continuar con la búsqueda de su hija.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego aquí no es solo un homicidio: es la integridad del único mecanismo que permite a ciudadanos ordinarios colaborar con la justicia en un entorno de alta violencia. Cuando un testigo protegido es asesinado después de una presunta filtración interna, el mensaje que reciben los demás potenciales colaboradores es inequívoco: el Estado no puede protegerlos. Esa percepción destruye investigaciones antes de que lleguen a juicio y consolida la impunidad como norma.
Honduras enfrenta aquí un problema de incentivos estructurales: si quienes administran información sensible no enfrentan consecuencias reales por las filtraciones, el aparato estatal se convierte en el principal riesgo para sus propios testigos. La investigación que anunció Velásquez es necesaria, pero su credibilidad dependerá de que produzca responsables concretos, no solo declaraciones de rigor. La familia Peña lleva más de tres años exigiendo respuestas; McNeil pagó con su vida por intentar darlas.
