El secretario de Defensa Pete Hegseth firmó el 29 de junio un memorando que reorganiza casi todos los programas de drones y sistemas autónomos del Pentágono bajo una sola entidad: el Direct Reporting Portfolio Manager for Unmanned Systems, o DRPM-UxS. El documento se hizo público el 2 de julio.
La nueva oficina responde directamente al subsecretario de Defensa Stephen Feinberg y se convierte, según el texto, en «el integrador conjunto único para todos los programas de sistemas no tripulados y autónomos» del departamento. El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, describió el ámbito de la iniciativa como «la innovación de campo de batalla más consecuente de esta generación».
El alcance es amplio. La oficina abarca drones pequeños de los grupos de aeronaves no tripuladas 1 a 3, embarcaciones no tripuladas, robots terrestres, sistemas antidrones y el software de inteligencia artificial y enjambres que los gobierna. Los vehículos submarinos no tripulados se administrarán de forma conjunta con el gestor de la cartera de submarinos del Pentágono.
Dos organismos preexistentes quedan subordinados al DRPM-UxS: el Joint Interagency Task Force 401, que lideraba la lucha contra pequeños drones aéreos y ahora amplía su mandato a todas las amenazas no tripuladas en cualquier dominio, y el Defense Autonomous Warfare Group, el esfuerzo del Pentágono por producir drones baratos en masa. El memorando aclara que ninguno de los dos verá reubicado a su personal.
El presupuesto asignado da una medida de la apuesta. La solicitud presupuestaria más reciente del departamento reservó 53.600 millones de dólares para plataformas de drones autónomos, cifra que el Pentágono calificó de compromiso sin precedentes con los sistemas no tripulados y antidrones.
Conviene mirar los incentivos. La oficina acumula una autoridad inusual: actúa como instancia de decisión en hitos de adquisición, puede ordenar a los servicios militares reasignar fondos a través del contralor del Pentágono y tiene potestad para bloquear cualquier sistema antes de que llegue al campo. En la cadena de mando de adquisición de drones, solo Hegseth y Feinberg están por encima. Además, centraliza el contacto con el Congreso: cualquier rama del departamento deberá coordinar sus planes de drones con el DRPM-UxS antes de acercarse a los legisladores.
El memorando protege explícitamente a la nueva estructura de las restricciones que afectan al resto del departamento: sus programas, empleos y personal quedan exentos de las congelaciones de contratación, reducciones de personal y recortes de fuerza. Su director, aún sin nombrar, podrá contratar de forma directa. Una vez designado, dispondrá de 30 días para iniciar contrataciones, 60 para presentar un plan organizativo y 90 para entregar la lista completa de programas transferidos.
El dato importa más que el ruido. La creación del DRPM-UxS llega al mismo tiempo que una advertencia de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO): un informe publicado el 1 de julio señaló que la oficina de pruebas independientes del Pentágono, reducida por Hegseth de 126 empleados civiles a 30, ahora supervisa apenas 15 de aproximadamente 110 programas activos en una vía de adquisición acelerada.
La tensión entre velocidad de despliegue y supervisión rigurosa define el debate interno. La iniciativa «speed to delivery» de Hegseth apuesta a que la agilidad compensa los riesgos de una fiscalización más delgada. Los aliados de Washington observarán si esa apuesta produce ventaja operacional frente a adversarios que también escalan su capacidad en drones, o si la prisa genera sistemas que llegan al campo sin las pruebas suficientes. La historia sugiere cautela ante reorganizaciones que concentran tanto poder antes de demostrar resultados medibles.
