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Fuga de gas en puesto de comida de la colonia Roma: bomberos retiran cinco cilindros y evacúan a siete personas

El incidente ocurrió en el Eje 3 Sur y Tlacotalpan, alcaldía Cuauhtémoc. Un hombre sufrió quemaduras de primer grado; no hubo traslados.
Foto: eluniversal.com.mx
Las Américaslunes 24 de agosto de 2026

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos controló este martes un incendio originado por una fuga de gas en un puesto semifijo de venta de alimentos ubicado en el Eje 3 Sur y la calle Tlacotalpan, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó a través de sus redes sociales que los bomberos sofocaron el fuego y retiraron cinco cilindros de gas con capacidad de 10 kilogramos cada uno, de los cuales dos presentaban fuga activa.

El operativo incluyó la evacuación de cinco trabajadores del puesto semifijo y de dos empleados de una tienda de conveniencia colindante, para un total de siete personas desalojadas. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a un hombre con quemaduras de primer grado; según la Secretaría, el afectado no requirió traslado a ningún centro hospitalario.

El incidente no dejó víctimas de gravedad, pero pone de relieve una vulnerabilidad recurrente en el comercio informal de la capital: la acumulación de cilindros de gas en espacios reducidos y de alta afluencia peatonal, sin que medie supervisión sistemática de las condiciones de almacenamiento.

Conviene mirar los incentivos. Los puestos semifijos operan en una zona gris regulatoria: generan empleo e ingresos, pero también externalizan riesgos hacia vecinos, transeúntes y trabajadores de locales aledaños. Cuando una fuga alcanza a empleados de una tienda de conveniencia que nada tiene que ver con el puesto, el costo del accidente se socializa mientras la responsabilidad permanece difusa.

El dato importa más que el ruido: dos de los cinco cilindros tenían fuga antes del incendio. Eso sugiere que el problema no fue un evento fortuito sino una condición preexistente que la ausencia de inspección permitió escalar. En una ciudad donde el aparato burocrático destina recursos considerables a programas sociales vinculados al comercio en vía pública, la pregunta legítima es si alguna fracción de ese gasto se orienta a verificar que los mismos beneficiarios operen con estándares mínimos de seguridad. La respuesta, a juzgar por episodios como este, parece ser negativa.

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