El Gobierno francés anunció este lunes que la prohibición de teléfonos móviles en los institutos podrá hacerse efectiva desde el inicio del curso escolar, en septiembre, con respaldo legislativo. La medida afectaría a unos dos millones de alumnos repartidos en los 3.700 centros de educación secundaria del país.
La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, precisó que la prohibición contará con «un marco jurídico estable, consolidado y legislativo». La norma que la habilita forma parte de la ley sobre control de redes sociales promulgada recientemente por el presidente Emmanuel Macron, cuyo objetivo declarado es evitar que el carácter adictivo de las plataformas cause daños psicológicos a los menores.
Desde 2018, los móviles ya estaban prohibidos en los establecimientos escolares para alumnos de hasta 15 años. Sin embargo, en los institutos no existía una prohibición general: cada centro decidía según su reglamento interno. Esa disparidad generaba dificultades legales para sancionar a los alumnos cuando el reglamento era impugnado o resultaba ambiguo. La nueva ley cierra ese vacío.
El recorrido legislativo no fue lineal. En su primera versión, la norma incluía una disposición que prohibía el acceso a redes sociales a menores de 15 años. El Consejo Constitucional vetó esa disposición específica en agosto, invocando la libertad de expresión. Ante ello, Macron instó al Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu a adaptar la redacción al marco establecido por el Alto Tribunal. Bregeon indicó que Lecornu «reflexiona» en cómo hacerlo, y aclaró que el propio presidente tiene como meta contar con «un cuadro jurídico estable de aquí a la primavera» de 2027 que proteja a «los niños y jóvenes».
El calendario es ajustado: el curso arranca en semanas y la redacción definitiva sobre redes sociales aún está pendiente. Lo que sí queda operativo desde ya es la prohibición del dispositivo dentro del aula, que es la medida de mayor alcance inmediato.
Conviene mirar los incentivos. Francia lleva años acumulando evidencia sobre el impacto de las pantallas en el rendimiento escolar y la salud mental de los adolescentes, y ha optado por una respuesta regulatoria directa en lugar de delegar en las plataformas o en la autorregulación familiar. El debate de fondo —hasta dónde puede llegar el Estado en la gestión del tiempo y la atención de los menores— no se resuelve con una ley, pero la medida tiene la virtud de fijar una norma clara allí donde antes reinaba la ambigüedad.
El dato importa más que el ruido. Que el Constitucional haya recortado la disposición sobre acceso a redes no invalida el núcleo de la política; simplemente obliga al Ejecutivo a encontrar una fórmula que respete los límites fijados por el tribunal. La tensión entre protección del menor y libertad de expresión es real y no se resolverá antes de la primavera de 2027, según el propio calendario que fija Macron. Mientras tanto, dos millones de estudiantes entrarán en septiembre a institutos donde el teléfono, al menos en papel, ya no tendrá cabida.
