El Ministerio Público del Perú solicitó siete años de prisión para el exministro del Interior Juan José Santiváñez por el presunto delito de colusión, según documentación difundida por el diario El Comercio. La fuente consigna la fecha del requerimiento como 19 de agosto de 2026, aunque los hechos investigados corresponden a 2024; la discrepancia no ha sido aclarada por las partes.
La fiscal anticorrupción Diana Paico también requirió 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como la privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos y otras distinciones.
Los hechos según la Fiscalía
De acuerdo con el requerimiento, el 16 de abril de 2024 Anatoly Bedriñana —identificado como amigo de Santiváñez— acudió al despacho de este último, entonces jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter, con su currículum en mano. Ambos habrían acordado su incorporación como consultor FAG del Viceministerio de Seguridad Pública, puesto que se encontraba vacante.
Ese mismo día, el entonces viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz, habría solicitado la contratación de Bedriñana mediante un memorando dirigido a la Secretaría General. Al día siguiente fueron emitidos y visados los términos de referencia correspondientes.
El Ministerio Público sostiene que Santiváñez «utilizó la alta investidura de su cargo y su influencia institucional para recibir, el 16 de abril del 2024, en su propio despacho, a su coacusado y amigo Anatoly Bedriñana Córdova», según citó El Comercio.
A mediados de abril, Santiváñez dejó la jefatura del Gabinete de Asesores y fue designado viceministro de Orden Interno. Bedriñana, según la Fiscalía, no volvió a registrar ingresos al Mininter hasta el 30 de abril y presentó su renuncia el 7 de mayo. Fue contratado luego como asesor FAG del Viceministerio de Orden Interno, ya bajo responsabilidad de Santiváñez, quien el 8 de mayo habría solicitado su incorporación mediante un memorando adjuntando el currículum de su amigo.
El 16 de mayo, Santiváñez asumió como titular del sector y, aunque el contrato de Bedriñana permanecía vigente, la Fiscalía sostiene que pidió una nueva contratación para que prestara servicios como consultor FAG del despacho ministerial hasta diciembre de ese año.
La acusación también pide cinco años de prisión para Bedriñana y cuatro para Díaz, además de 15 y 10 años de inhabilitación, respectivamente.
La defensa del exministro
En declaraciones al diario, Santiváñez rechazó los cargos y calificó de «débil» la acusación fiscal. Sostuvo que el expediente contiene «una serie de errores y una serie de deficiencias» y anunció que presentará sus argumentos durante la etapa intermedia del proceso. «No hay ninguna prueba objetiva, es una presunción a la que llega la fiscalía», afirmó. Reconoció su amistad con Bedriñana pero negó haber intervenido en su contratación: «Finalmente, tampoco lo contrato yo, ni siquiera como asesor, él es contratado por un viceministro».
Lectura editorial
El caso ilustra un patrón que el aparato estatal peruano reproduce con llamativa regularidad: la captura de contratos públicos a través de redes personales enquistadas en la alta dirección de los ministerios. El dinero de los contribuyentes financia consultorías cuya justificación técnica, según la Fiscalía, fue secundaria frente al vínculo de amistad.
Conviene mirar los incentivos. Mientras la inhabilitación para cargos públicos sea una pena que los tribunales aplican con demora o que los condenados eluden mediante recursos procesales, el costo de usar el cargo para favorecer a allegados seguirá siendo bajo. El dato importa más que el ruido: la solidez o debilidad de la acusación se medirá en la etapa intermedia ante el Poder Judicial, no en las declaraciones de los imputados.
