El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, fue categórico durante la audiencia de formalización de la operación Imperio Ámsterdam: la red de dispensarios investigada no tenía ninguna finalidad terapéutica. «Hubo todo un montaje, una puesta en escena respecto de una organización que lucraba», declaró el persecutor, quien lleva dos años coordinando la investigación con Carabineros.
La sociedad matriz bajo la lupa es DN Medcorp SpA. Según las fuentes del caso, Andrés Astorga Rodríguez controla el 51% de las acciones y Gino Athens Athens el 29%. El 20% restante se distribuye entre Rodrigo Buzeta Quezada, Raimundo Silva Zautzik, Sebastián Risco Rodríguez, Guillermo Ginesta Bascuñán y Martín Krauss Valdés. Este último, señalado como pareja de la exministra Mara Sedini, no figura como imputado en esta etapa, sino como «sujeto de interés». Libedinsky precisó que su calificación «va a depender del desarrollo de la investigación» y no descartó nuevas detenciones.
Entre los imputados ya formalizados aparece el preparador físico y figura televisiva Camilo Huerta, quien mantuvo uno de los dispensarios en Chicureo, Colina. La presencia de rostros conocidos y accionistas de alto poder adquisitivo llevó a que varios medios describieran el caso como tráfico de marihuana «VIP». El fiscal rechazó esa lectura como atenuante: «El Ministerio Público va a investigar y perseguir con igual fuerza el tráfico ilícito de estupefacientes, independientemente de la posición económica o del poder que tengan los imputados».
Las cifras que maneja la Fiscalía ilustran la escala del negocio: la organización habría generado, en un periodo «bastante breve o acotado», ganancias superiores a 8 mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 9 millones de dólares, según explicó Libedinsky.
El dato importa más que el ruido. Lo que la Fiscalía describe no es un caso de consumo personal ni de zonas grises regulatorias: es, según la acusación, una estructura societaria diseñada para dar apariencia de legalidad a una operación de tráfico. La fachada terapéutica —con su lenguaje de bienestar y sus instalaciones en comunas de alto ingreso— habría servido precisamente para reducir la exposición al escrutinio penal que enfrentan redes similares en otros sectores socioeconómicos.
Conviene mirar los incentivos. La legalización parcial del cannabis medicinal en Chile creó un marco regulatorio que, según la acusación fiscal, fue instrumentalizado para encubrir lucro ilícito. Eso no es un argumento contra la libre empresa ni contra la regulación inteligente; es, en cambio, un recordatorio de que cualquier apertura de mercado requiere instituciones con capacidad real de fiscalización. Cuando el aparato estatal carece de esa capacidad —o cuando la posición social de los involucrados genera expectativas de impunidad—, el marco legal se convierte en un activo para quienes operan fuera de él. La promesa del fiscal de no hacer «ningún distingo» según clase o influencia es, en ese contexto, tan necesaria como difícil de sostener sin resultados concretos en las audiencias que vienen.
