El reloj electoral ha comenzado a correr en España. Según la agenda informativa de EFE, queda un año como máximo desde este sábado para que los ciudadanos acudan a las urnas, un horizonte que concentra ya la atención de los principales actores políticos y que convierte cada decisión institucional en movimiento de tablero.
En ese contexto, el Tribunal Supremo rechaza la petición del PP para que los ministros acudan al Senado en agosto. La respuesta del Gobierno no se hace esperar: Patxi López acusa al PP de «alimentar bulos» y recuerda que siete ministros comparecerán sobre la situación en Ceuta. El ministro Cuerpo viajará a Ceuta esta próxima semana para abordar la situación económica de la ciudad autónoma, mientras el secretario de Estado de Sanidad regresará también al territorio tras defender que no existe colapso en sus servicios. La acumulación de visitas oficiales sugiere una presión política que el Ejecutivo prefiere gestionar sobre el terreno.
En el frente de seguridad, el sur peninsular concentra una actividad notable. Diez detenidos de una banda de narcotraficantes tras el ataque a tiros a una patrullera en Huelva; un centenar de bidones de combustible para el narco intervenidos en una playa de Cádiz; 150 kilos de cocaína incautados ocultos en un cargamento de pulpa de fruta congelada en Algeciras; y un tiroteo en Barbate en el que un hombre resultó herido por dos disparos, según la agenda de EFE. El litoral del Estrecho sigue siendo una frontera porosa cuya gestión desborda la capacidad operativa habitual.
En Cataluña, Parlon asegura que los Mossos necesitan 1.600 agentes más para desplegarse en aeropuertos, una cifra que ilustra la brecha entre las competencias que reclama la Generalitat y los recursos con que cuenta para ejercerlas.
Los incendios forestales añaden otra capa de presión. El fuego de Segorbe calcina 633 hectáreas y moviliza 25 medios aéreos; el de Pinofranqueado, en Cáceres, se encuentra ya estabilizado con líneas de control consolidadas; el de Niebla, en Huelva, queda extinguido después de 15 días y 33.000 hectáreas quemadas. En Burgohondo, Ávila, la población recobra el aliento entre cenizas un mes después de su propio episodio. Una manifestación pedirá en Jaca la dimisión de Azcón y Nolasco por el incendio de Riglos.
En el plano judicial, el ex jefe de gabinete de Sánchez pide a la Audiencia que declare nulo el clonado de su móvil, un litigio que mantiene viva la atención sobre las prácticas de vigilancia en el entorno del poder ejecutivo.
Conviene mirar los incentivos. La semana política española combina una crisis territorial en Ceuta, operaciones antidroga de envergadura en Andalucía y un calendario electoral que acorta los márgenes de maniobra del Gobierno. El Supremo, al rechazar la comparecencia ministerial en agosto, no resuelve el fondo del debate sobre la transparencia del Ejecutivo; simplemente lo aplaza. Mientras tanto, el aparato estatal despliega ministros y secretarios de Estado hacia Ceuta con la urgencia que no exhibió en los primeros compases de la crisis, lo que revela que la presión política, más que la gravedad objetiva de la situación, sigue marcando los tiempos de la acción gubernamental. El dato importa más que el ruido: con un año de margen electoral, cada viaje oficial es también un movimiento de campaña.
