El Ministerio del Interior español aprobará una compensación económica para los policías y guardias civiles desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria desatada tras la entrada masiva de migrantes el 30 de julio. Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirmaron la medida a EFE, en respuesta a las reiteradas demandas de los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles.
La cuantía de la gratificación se determinará una vez concluida la emergencia, según las mismas fuentes. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó el anuncio de «primer avance», pero advirtió que quedan pendientes otras exigencias: mejora de las condiciones laborales y de las instalaciones donde residen los agentes enviados a la ciudad autónoma.
En paralelo, el Gobierno designará al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como coordinador de la labor de todos los ministerios implicados en la crisis. Fuentes de ese departamento indicaron a EFE que la designación es previsible dado el carácter transversal del ministerio, que ya atiende varios aspectos relacionados con la situación en Ceuta.
El anuncio de la compensación policial ha intensificado las demandas del personal militar desplegado en la ciudad. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) pidió al Ministerio de Defensa una compensación en igualdad de condiciones, argumentando que sus efectivos han realizado tareas esenciales en defensa de la integridad territorial y el control de fronteras bajo condiciones operativas exigentes, lejos de sus bases y con jornadas extendidas.
La Unión de Militares de Tropa (UMT) fue más concreta en sus denuncias: advirtió sobre jornadas extenuantes, falta de descansos reglamentarios y ausencia de información clara sobre el pago de horas extra. La asociación señaló que circulan cifras sin confirmar, como la retribución de 17 euros por cada tres horas adicionales, y reclamó transparencia al Ministerio de Defensa.
Ambas organizaciones castrenses denunciaron condiciones materiales graves: hacinamiento, instalaciones insalubres y la compra personal de equipos de protección por parte de los propios soldados. El dato más elocuente es el brote de sarna que, según las fuentes consultadas por Infobae, ha afectado a más de 40 militares, evidenciando el estado de las instalaciones donde están alojados.
La AUME y la UMT insisten en evitar diferencias de trato respecto a la Policía Nacional y exigen una respuesta oficial que garantice el reconocimiento y la equidad para los militares en Ceuta.
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Conviene mirar los incentivos. El Estado movilizó un despliegue extraordinario de recursos humanos ante una crisis de frontera y, semanas después, negocia cuánto vale el esfuerzo de quienes la gestionaron en primera línea. La compensación policial es un reconocimiento tardío pero necesario; la ausencia de respuesta equivalente para los militares revela una asimetría que el aparato estatal debería corregir con la misma celeridad.
El dato importa más que el ruido: un brote de sarna entre más de 40 soldados no es un accidente administrativo, es el resultado de condiciones que el Estado tenía la obligación de prever. La gestión de fronteras tiene un coste real, y diferir su reconocimiento —o distribuirlo de forma desigual entre cuerpos— no reduce ese coste; solo lo traslada a quienes menos pueden negociarlo.
