La operación «Centro» de la Guardia Civil concluyó la semana pasada con seis detenidos, seis investigados y 10.394 recipientes de óxido nitroso requisados en el sur de Tenerife, con un peso de casi 13 toneladas. Las autoridades la califican como la segunda mayor incautación en Europa de esta sustancia. En los cuatro registros simultáneos realizados en Arona, Adeje y Granadilla de Abona, los agentes hallaron además 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo, aproximadamente 213 gramos de cocaína, 599 gramos de hachís, 1,4 kilogramos de marihuana y 46 gramos de «Tusi», entre otras sustancias estupefacientes.
La investigación arrancó cuando el instituto armado detectó el consumo del gas en zonas de ocio del sur de la isla. Lo que encontró fue, según su propio comunicado, «una estructura criminal jerarquizada, integrada por un núcleo directivo de carácter familiar», con ramas diferenciadas para la logística, la recepción de mercancía procedente del extranjero y la distribución final.
El problema no se circunscribe a Canarias. El Consell de Govern de Baleares aprobó la semana pasada un Decreto Ley que refuerza la prohibición de dispensar óxido nitroso a menores y actúa sobre su comercialización con fines de inhalación recreativa, a la que describe como «un fenómeno emergente cuya presencia ha aumentado en determinados entornos de ocio». El Instituto de Adicciones de Madrid Salud había advertido meses antes que el gas «se cuela en el ocio juvenil sin hacer ruido», subrayando que se trata de algo «más accesible, más normalizado, menos identificado como riesgo».
El marco legal es el nudo del problema. La edición de marzo de 2025 de la Revista Policía, editada por la Policía Nacional, precisa que en España el óxido nitroso no está catalogado como droga y su mera tenencia no conlleva sanción administrativa, salvo que una norma autonómica disponga lo contrario. Su venta a menores o para fines no autorizados sí está prohibida, pero ese vacío facilita la adquisición a pequeña escala bajo el pretexto del uso en hostelería, donde el producto es completamente legal.
Los datos europeos confirman la escala del fenómeno. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías publicó en 2023 que el 8,7% de los jóvenes europeos de entre 16 y 24 años había consumido óxido nitroso en los doce meses anteriores, equivalente a más de medio millón de personas. Las intoxicaciones graves notificadas en Francia pasaron de 10 en 2017 a 134 en 2020; en los Países Bajos, de 13 en 2015 a 144 en 2020. La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas sitúa el momento actual como el tercer gran ciclo de popularidad recreativa del gas desde su descubrimiento en 1772, impulsado esta vez por cartuchos baratos para nata montada disponibles en supermercados y tiendas en línea.
La Policía Nacional advierte que el principal peligro inmediato es la asfixia por inhalación prolongada, dado que el N2O extraído de cargas para repostería no está mezclado con oxígeno. El riesgo se multiplica al combinarlo con benzodiacepinas, GHB u opioides, pudiendo derivar en insuficiencia respiratoria, coma o muerte.
Conviene mirar los incentivos. El óxido nitroso es barato, legal en origen y rentable en la cadena de distribución ilegal; la combinación perfecta para que un mercado negro prospere donde la regulación llega tarde. El dato importa más que el ruido: mientras el debate político se concentra en prohibiciones parciales por comunidades autónomas, las redes criminales operan con logística transnacional, como demuestra la mercancía «procedente del extranjero» incautada en Tenerife. La respuesta fragmentada —un decreto en Baleares aquí, una operación policial allá— no cierra el vacío legal de fondo. Las instituciones que tardan en nombrar un problema suelen encontrarlo más grande cuando por fin lo miran de frente.
