Desde que se detectó por primera vez en 2016 en la zona del estrecho de Gibraltar, el alga asiática (Rugulopteryx okamurae) no ha dejado de extenderse por el litoral español. La bióloga e investigadora del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga, Altamirano, la califica como la especie invasora «más virulenta» que ha llegado a España y la que ha provocado un impacto medioambiental y socioeconómico «sin precedentes».
El diagnóstico es severo. En la costa de Granada, según Altamirano, el alga «ha barrido a la posidonia», cuyo valor ecológico «se ha visto mermado de manera drástica». La biodiversidad nativa ha quedado reducida, en ocasiones, al cien por cien en las zonas colonizadas. Las praderas submarinas, que actúan como criadero de especies pesqueras y como sumidero de carbono, se han visto desplazadas por una especie que llegó ayudada por la actividad humana y que encontró comunidades locales «muy sensibles» a su expansión.
Lo que hace especialmente difícil el combate es la doble naturaleza del alga. Originalmente bentónica —asociada al fondo marino—, la especie ha demostrado también capacidad planctónica: una parte de su población vive en la columna de agua sin tocar el suelo y se desplaza libremente. Es esa fracción móvil la que aparece a diario en las costas, la que atrapan los pescadores cuando faenan en alta mar y la que genera el impacto económico más visible.
Altamirano es directa sobre los límites de la respuesta institucional: «No hay dinero en el mundo ni conocimiento suficiente» para erradicar la presencia del alga en la costa española. Una vez asentada, revertir el daño ecológico es imposible. Lo que sí considera viable es frenar su dispersión hacia nuevas áreas todavía no infectadas. Para ello señala tres vectores principales: las aguas de lastre de las embarcaciones, los cultivos marinos y el material de buceo contaminado. Los puertos y las escolleras concentran la mayoría de los nuevos puntos de dispersión detectados, lo que apunta a la actividad náutica como canal de propagación.
La investigadora propone tres ejes de actuación: prevención, educación y preservación de ecosistemas de referencia. En la práctica, eso implica enseñar a los pescadores a gestionar las aguas de lastre y a depositar correctamente las algas retiradas; recordar a los buceadores que deben limpiar su equipo tras sumergirse en zonas infectadas; e instruir a los patrones de embarcaciones recreativas sobre el protocolo tras fondear en áreas afectadas.
Altamirano mantiene un optimismo cauteloso: no toda la costa está «infectada» y confía en que «un día se irá». Pero mientras tanto, el reloj corre en contra de ecosistemas que tardaron décadas en formarse.
Conviene mirar los incentivos. La gestión de especies invasoras marinas es, por definición, un problema de bienes comunes: el coste de la inacción se distribuye entre pescadores, operadores turísticos y el ecosistema en general, mientras que ningún actor individual tiene incentivos suficientes para asumir el gasto de contención. Eso explica por qué, ocho años después de la primera detección, el problema sigue sin una respuesta coordinada a la altura del daño documentado. La pregunta que queda en el aire no es científica sino de gobernanza: quién paga, quién regula y quién responde cuando el aparato estatal llega tarde a una invasión biológica que los propios investigadores ya daban por irreversible.
