Un colombiano que estuvo privado de la libertad en China y fue capturado posteriormente en Colombia pasó entre 2020 y 2022 por la Cárcel Distrital de Bogotá. Fue allí, en un taller de emisora interna, donde comenzó a narrar lo que había vivido en el país asiático. Su identidad no fue revelada.
La directora del establecimiento, la capitana Adriana Hernández, describió el relato como «una historia bien, bien fuerte». Según su reconstrucción, el hombre recordaba haber permanecido con grilletes en manos y pies de forma casi continua: «Solamente lo soltaban para que se hiciera aseo y nuevamente lo apresaban». Hernández señaló que el hombre lloró en repetidas ocasiones al narrar esos episodios, y que el proceso le sirvió de catarsis.
La alimentación ocupó un lugar central en su testimonio. «Era el arroz masacotudo que era lo que más contaba, el arroz, algas, cosas que obviamente no es común comer acá, casi crudas las cosas», reprodujo Hernández. Ese detalle no es aislado: en 2015, doce colombianos condenados a pena de muerte o cadena perpetua en China enviaron cartas al Congreso en las que denunciaron las condiciones de las prisiones, incluyendo cuestionamientos sobre la alimentación, el trato recibido, las dificultades de comunicación y las condiciones dentro de las celdas.
El contraste con la Cárcel Distrital fue, según la directora, notorio. «Acá nosotros nos encargamos de respetar a la persona, de valorar a la persona. Siempre hemos dicho que acá entra la persona, no el delito», afirmó Hernández. El establecimiento cuenta con acreditación de la American Correctional Association (ACA) y es, según la información suministrada por la cárcel, el primer perteneciente a un ente territorial en Colombia en obtener ese reconocimiento, así como el único establecimiento mixto del país acreditado y reacreditado por esa organización. Actualmente opera 21 talleres y espacios de formación orientados a la resocialización.
El caso se inscribe en un contexto más amplio. En 2021 Colombia ratificó el tratado bilateral sobre traslado de personas condenadas, firmado en Beijing en 2019, cuyo propósito es facilitar la rehabilitación social permitiendo que determinadas personas cumplan sus condenas en su país de nacionalidad. En 2022 la Cancillería confirmó el caso de dos colombianos condenados por narcotráfico a quienes la justicia china les modificó la pena de muerte por una suspensión de dos años que posteriormente daría paso a cadena perpetua.
El hombre recuperó su libertad en 2022, tras cumplir su pena en Bogotá.
Lo que el dato revela
Conviene mirar los incentivos. El testimonio ilustra una brecha institucional que va más allá de lo anecdótico: los colombianos que incurren en delitos en jurisdicciones con sistemas penales radicalmente distintos enfrentan condiciones que ningún consulado puede mitigar en la práctica. El tratado de traslado de 2019, ratificado en 2021, es un instrumento útil, pero su alcance depende de la voluntad política de ambas partes y de que los condenados cumplan requisitos específicos.
El dato importa más que el ruido. La acreditación internacional de la Cárcel Distrital no es un detalle menor: señala que la gestión penitenciaria puede medirse con estándares verificables, algo que debería ser la norma y no la excepción en el sistema colombiano. Que un establecimiento distrital lidere ese camino mientras el sistema nacional arrastra hacinamiento y violencia estructural dice más sobre las prioridades del Estado central que sobre los méritos de Bogotá.
