El presidente Abelardo De La Espriella presentó el 24 de agosto ante Función Pública una versión corregida de su declaración de bienes, rentas y conflicto de interés. El documento inicial, publicado el 21 de agosto —dos semanas después de su posesión—, presentaba diferencias frente a su declaración tributaria del año gravable 2024, presentada ante la DIAN en 2025.
El problema central de la primera versión era de clasificación. Una fuente consultada por El Colombiano lo describió con precisión: «Cogieron la suma de patrimonio y la pusieron como ingresos; de resto, lo rellenaron en ceros». La cifra de $10.272.863.000, que en la declaración tributaria del año gravable 2024 correspondía a «inversiones e instrumentos financieros derivados», apareció en el formulario de Función Pública bajo el rubro «otros ingresos y rentas», mientras que los campos de salarios, cesantías, gastos de representación, arriendos y honorarios figuraban en cero.
La misma fuente aclaró que el error no estaba necesariamente en la declaración tributaria sino en el formulario de bienes y patrimonio: «Se ve muy claro que están confundiendo ingresos —que en la segunda imagen son $87.834.000— con patrimonio. Eso no tiene sentido».
El 24 de agosto se registraron tres correcciones sucesivas. La versión definitiva fue divulgada a las 23:29 horas. Para el año gravable 2025, De La Espriella reportó ingresos por $546.110.936. El documento actualizado también identifica cuentas bancarias en Colombia y en el exterior, dos inversiones en Bogotá por $8.230.131.000 y $1.429.481.000, una inversión en Estados Unidos por $913.369.000, y activos fijos en Bogotá por $9.882.959.000. En la declaración de renta correspondiente al año gravable 2024, divulgada igualmente el 24 de agosto, De La Espriella registró un patrimonio líquido de $10.493.242.000 y pasivos por $102.726.000.
Dos omisiones de la primera versión resultaron especialmente llamativas. La declaración inicial indicaba que el presidente no tenía participación en compañías; la corregida señala que es accionista de Cosenza SAS, sociedad constituida en Colombia. Asimismo, la primera versión indicaba que no tenía cónyuge; la actualizada registra a Ana Lucía Pineda Aruachán como cónyuge o compañera permanente y primera dama de la Nación.
En cuanto al gabinete, según informó La República, los mayores patrimonios líquidos corresponden a Iván Cancino, ministro de Justicia, con $5.160 millones, y Miguel Gómez, ministro de Hacienda, con $4.145 millones. Los 18 ministros suman un patrimonio líquido de $28.577 millones, con un promedio de $1.587 millones por funcionario.
El dato importa más que el ruido. Las inconsistencias de la primera declaración —confusión entre patrimonio e ingresos, omisión de la cónyuge, silencio sobre Cosenza SAS— no son errores menores de formato: son los campos que permiten al ciudadano y a los organismos de control evaluar posibles conflictos de interés. Que la corrección haya llegado en tres versiones sucesivas, la última pasada las once de la noche, no contribuye a la imagen de transparencia que un gobierno recién posesionado necesita proyectar.
Conviene mirar los incentivos. La transparencia patrimonial no es un trámite burocrático: es el instrumento que distingue la gestión pública de los intereses privados. Un presidente que llega con el mandato de restaurar la institucionalidad —y de marcar distancia con el desorden del gobierno anterior— tiene más que ganar siendo escrupuloso en estos formularios que en cualquier declaración política. La corrección es bienvenida; la necesidad de corregirla, menos.
