El senador Ted Cruz, republicano por Texas, redobla su apuesta legislativa con la llamada SPONSOR Act —Stop Proxy Organizations Nurturing Subversive Operations and Riots Act— en un momento en que el Departamento de Justicia intensifica su escrutinio sobre la red de organizaciones sin fines de lucro vinculada al empresario tecnológico Neville Roy Singham.
Según informó Fox News Digital, el fiscal general en funciones Todd Blanche autorizó la investigación a cargo del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, sobre los mecanismos financieros de esa red de organizaciones sin fines de lucro.
Cruz presentó la SPONSOR Act en marzo. La legislación propone enmendar el Código de Rentas Internas para ampliar la responsabilidad civil y penal de las organizaciones 501(c)(3) por las violaciones legales en que incurran las entidades que financian o patrocinan. El objetivo declarado, según el propio Cruz, es «darle a las fuerzas del orden las herramientas que necesitan para seguir el dinero, cerrar estos vacíos legales y hacer cumplir la rendición de cuentas».
El eje del debate es el uso de patrocinios fiscales —fiscal sponsorships— que, según los críticos de la ley, permiten a los proyectos vinculados a la red Singham operar bajo el paraguas de organizaciones reconocidas y así evitar la detección por parte de las autoridades tributarias y de seguridad. Cruz fue directo: «Hace tiempo que sostengo que los multimillonarios demócratas financian la violencia política de izquierda para impulsar intereses antiestadounidenses y alineados con potencias extranjeras a través de entidades exentas de impuestos».
Una investigación previa de Fox News Digital cifró en 278 millones de dólares los fondos que Singham habría canalizado hacia esa amplia red de organizaciones desde 2017. Singham, empresario tecnológico estadounidense actualmente radicado en Shanghái, no respondió a las reiteradas solicitudes de comentario enviadas por ese medio a lo largo de varios meses. Las organizaciones de la red, según Fox News Digital, han movilizado activistas en manifestaciones en todo el país, incluidas protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y contra Israel.
El senador Jim Banks, por su parte, calificó a Singham de «traidor a su país» y señaló que utiliza su riqueza para avanzar los intereses del Partido Comunista Chino financiando grupos activistas en Estados Unidos, según declaraciones recogidas por Fox News Digital.
Conviene mirar los incentivos. La arquitectura de patrocinios fiscales que describe la SPONSOR Act no es una anomalía accidental: es un mecanismo que, bajo el amparo de la exención tributaria, traslada al contribuyente el costo indirecto de financiar activismo de alto impacto. Si la investigación del DOJ confirma que fondos de origen extranjero circularon por ese entramado sin la transparencia que exige la ley, el debate sobre los límites del estatus 501(c)(3) dejará de ser una disputa técnica del Código Tributario para convertirse en una cuestión de soberanía.
El dato importa más que el ruido. La SPONSOR Act no propone suprimir la libertad de asociación ni la filantropía privada; propone que quien patrocina a una entidad responda por sus actos. Es el principio más básico de responsabilidad en cualquier sistema de libre empresa: las exenciones fiscales son un privilegio del Estado, no un derecho irrevocable, y quienes las disfrutan deben poder demostrar que no las utilizan como escudo frente a la ley.
