La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la entrega del contralmirante Fernando Farías Laguna por parte de las autoridades argentinas a la custodia mexicana. El traslado se realizó en un Gulfstream G450 de las Fuerzas Armadas que aterrizó previamente en el aeropuerto de Ezeiza. A su llegada a México, Farías Laguna fue conducido al penal del Altiplano, según informó la titular de la FGR, Ernestina Godoy.
De acuerdo con Godoy, el exfuncionario participó en una red criminal dedicada al denominado huachicol fiscal: la introducción de combustible robado o adulterado al mercado formal, declarado como aceites o aditivos para eludir el pago de impuestos, y su distribución posterior a través de empresas legalmente constituidas.
El caso tomó forma a partir de una denuncia interna. Según la fiscal, fue el entonces secretario de Marina, el almirante Ojeda Durán —tío político del acusado, de acuerdo con la misma fuente—, quien alertó al exfiscal Alejandro Gertz Manero sobre las actividades de la red. La investigación se consolidó con el aseguramiento del buque «Challenge Procyon» en el puerto de Tampico, Tamaulipas, cargado con ocho millones de litros de diésel. Posteriormente, en Ensenada, Baja California, se detectó otra embarcación con igual volumen de combustible.
La FGR documentó pedimentos aduanales manipulados, agentes aduanales corruptos, revisiones simuladas y adulteración en volúmenes y muestras del producto. La red operó en Baja California, Tamaulipas, Colima y la Ciudad de México.
Hasta ahora, además de Farías Laguna, 15 personas han sido detenidas, entre ellas 12 funcionarios públicos. Las autoridades reportan un golpe económico de 340 millones de pesos por hidrocarburo recuperado, así como el aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles. Godoy señaló que las investigaciones continúan y que se han emitido órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados.
Conviene mirar los incentivos. El caso Farías Laguna no es una anomalía aislada: es el retrato de cómo el aparato estatal mexicano puede convertirse en el principal facilitador del crimen organizado. Una red que requirió buques, pipas, autotanques, agentes aduanales y funcionarios en múltiples estados no opera en la sombra; opera con la complicidad activa de quienes debían impedirla. Que la denuncia inicial haya provenido del propio entorno castrense habla de tensiones internas, no de un sistema de controles institucionales que funcione.
El dato importa más que el ruido. Doce de los quince detenidos son funcionarios públicos: esa proporción define el problema. Mientras el gobierno de Sheinbaum presente este operativo como un éxito de persecución penal —y en términos procesales lo es—, la pregunta de fondo es cuántas redes similares siguen activas bajo la protección del mismo Estado que hoy exhibe las esposas. La libre empresa no puede competir con estructuras que usan el sello oficial para evadir impuestos y saturar el mercado con combustible ilegal. Ese es el costo real para el contribuyente y para cualquier empresa que opere dentro de la ley.
