Más de 2.000 menores no acompañados permanecen en Ceuta más de veinte días después de la entrada masiva registrada el 30 de julio. Entre ellos, según la fuente, hay niñas que ya han sufrido episodios de agresiones sexuales. El colapso de los centros de acogida llevó al Gobierno a acordar con la ciudad autónoma, dirigida por el popular Juan Jesús Vivas, el traslado urgente de 500 niñas a la península como medida «extraordinaria».
El primer intento de acogida fue rechazado por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. En menos de una semana, el partido de Alberto Núñez Feijóo pasó de comprometerse a cumplir la ley —siempre que el reparto fuese «justo, bien dotado y planificado»— a advertir que los migrantes en situación irregular debían tener «muy claro que para ellos no hay asilo». Feijóo subrayó que las devoluciones incluían a los menores, pues «lo lógico» era que fuesen devueltos a Marruecos. Sus palabras fueron replicadas por los barones Fernando López Miras y Isabel Díaz Ayuso.
La Comisión Europea presionó a España en la misma dirección. El portavoz comunitario Markus Lammert sostuvo que el Pacto Europeo de Migración y Asilo —en vigor desde junio— incluía disposiciones sobre repatriación de migrantes irregulares, incluidos menores no acompañados. Desde el Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, presidente del Comité de Libertades Civiles, exigió a Marruecos que «pasase de los actos a las palabras».
Sin embargo, el propio Pacto excluye a los menores no acompañados de los acuerdos de retorno con terceros países. Lo que sí permite es controles biométricos para verificar la edad y la detención como «último recurso» durante «el período más breve posible», con un máximo de 24 meses. Organizaciones como Save the Children advierten que el proceso debe ir «caso por caso» y no puede ejecutarse «de un día para el otro». Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya!, señala que España es el país responsable de identificar a los menores, verificar sus vínculos familiares y garantizar las condiciones de retorno. Unicef, por su parte, indica que «casi ningún niño quiere retornar», según los centros consultados.
El antecedente pesa. En 2021, el ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó la devolución inmediata de menores tras una entrada masiva similar; el Tribunal Supremo reprendió esa instrucción años después. Los expertos consultados por la fuente señalan que la única vía legal de retorno pasa por un acuerdo con los progenitores, cuya identidad debe verificar España —no Marruecos— y descartar que el menor pueda solicitar protección internacional.
Ante el riesgo de bloqueo por parte de las ocho comunidades del PP, el Ministerio de Juventud e Infancia, a cargo de Sira Rego, estudia ceder la tutela a ONG de infancia, lo que impediría a las administraciones retrasar la acogida mediante recursos. Vox, por su parte, ha registrado en el Congreso medidas que exigen la devolución de todos los involucrados en la entrada masiva, incluidos menores, y ha pedido trasladar a la frontera marroquí a quienes «no necesiten tratamientos urgentes».
Conviene mirar los incentivos. El bloqueo político entre el Gobierno central y las comunidades del PP prolonga el colapso en Ceuta y deja a más de 2.000 menores en condiciones que las propias organizaciones humanitarias califican de sobreocupación. El debate sobre el Pacto Europeo es legítimo —y la presión de Bruselas por endurecer los retornos refleja un giro real en la política migratoria continental—, pero invocar ese Pacto para justificar devoluciones que el mismo texto excluye no es rigor jurídico: es cobertura política. El dato importa más que el ruido: mientras la disputa se libra en el Senado y en los platós, los centros de acogida siguen desbordados y la factura —humana y presupuestaria— la paga Ceuta.
