Este jueves se cumplen catorce días desde que unas 80.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, la ciudad española del norte de África. El balance no es uno, sino dos: en el centro urbano, la presencia de patrullas policiales y unidades militares devolvió una apariencia de normalidad a la rutina comercial; en las barriadas periféricas, esa normalidad «se percibe como una meta aún muy lejana», según el relato recogido por EFE.
El contraste es más nítido en zonas como el barrio de Hadú, donde cientos de jóvenes y menores improvisan cada noche un lugar para dormir sobre cartones o directamente en el suelo. Los propios vecinos reconocen que la actitud de los recién llegados muestra «matices de convivencia»: grupos que barren las aceras donde pernoctan o ayudan a señoras mayores con las bolsas de la compra. La buena voluntad, sin embargo, no compensa la ausencia de infraestructuras básicas.
La falta de aseos y servicios de limpieza suficientes convierte el hedor en un problema cotidiano y creciente. «Ya estamos cansados los vecinos de baldear. Yo no me puedo estar gastando mi sueldo en baldear y en darles de comer, ya no podemos más», lamenta un residente de la zona. Las noches, según los testimonios, se hacen insostenibles por el ruido y las disputas —que los propios vecinos atribuyen principalmente a tensiones entre los recién llegados, agravadas en muchos casos por el consumo de alcohol.
El impacto económico golpea con especial dureza a los pequeños comerciantes. Ismael, residente y comerciante del barrio, lo resume sin rodeos: «Las ventas están hundidas totalmente, es una catástrofe. La gente mayor no quiere salir y los jóvenes tampoco». El mismo Ismael añade que intenta reducir al mínimo sus salidas y las de sus hijas, y describe cómo presenció cómo varios migrantes se colaban en el portal de enfrente «en un segundo».
Su diagnóstico rechaza explícitamente el marco del racismo: «En Ceuta siempre hemos convivido las cuatro culturas perfectamente. Esto es una invasión y una pena, porque estas criaturas tampoco van a encontrar aquí el futuro que les prometieron». La frase condensa la doble frustración de una ciudad que se siente desbordada y que, al mismo tiempo, no ignora la precariedad de quienes llegaron.
La respuesta institucional concentra buena parte del desencanto ciudadano. Los vecinos critican lo que describen como una sobreexposición mediática sin medidas concretas sobre el terreno. Los protocolos de la Policía y la Guardia Civil resultan, según los residentes, insuficientes: «Los echan de un sitio y al rato vuelven o vienen más». La demanda es concreta: realojo inmediato y controlado, o repatriación con garantías. «Nosotros pagamos impuestos para que los políticos nos solucionen esto», concluyen.
Conviene mirar los incentivos. Lo que ocurre en Hadú no es un problema de voluntad vecinal —los propios residentes han absorbido durante dos semanas costes que corresponden al Estado— sino de ausencia de capacidad de respuesta del aparato público. Cuando el gobierno central y la administración local no disponen de protocolos efectivos de realojo, el coste de la crisis migratoria se externaliza hacia los contribuyentes más vulnerables: los pequeños comerciantes y los vecinos de la periferia, que no tienen ni la visibilidad del centro ni los recursos para aguantar indefinidamente.
El dato importa más que el ruido. Ochenta mil personas en catorce días superan cualquier parámetro de gestión ordinaria. La pregunta que Ceuta formula al inicio de su tercera semana no es ideológica: es de capacidad institucional, de orden y de quién paga la factura cuando el Estado llega tarde.
