Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, acusó públicamente a Grecia Quiroz de no entregar los teléfonos celulares de su esposo a las autoridades investigadoras. Según Juan Manzo, esos dispositivos contendrían evidencia de las amenazas que grupos criminales habían enviado al entonces alcalde semanas antes de su asesinato.
«Él me mostró, tres semanas antes del atentado, una serie de bandas delictivas que querían atentar contra su vida y eso me lo enseñó a partir de sus celulares. Seguramente tenía amenazas que le habían enviado», declaró Juan Manzo en entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz.
La conducta de Quiroz fue calificada como «preocupante» por el hermano del exalcalde, quien también cuestionó que, tras el homicidio, ella nombrara a Samuel «N» como director de protocolo del municipio de Uruapan y le incrementara el salario hasta 70 mil pesos. Samuel «N» fue detenido en enero y señalado como presunto informante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La secretaria particular de Carlos Manzo, Yessenia Méndez, amplió su declaración ante la Fiscalía General del Estado. Méndez afirmó que dos meses antes del homicidio le había solicitado la renuncia a Samuel «N» debido a sus adicciones y a su trato con compañeros y ciudadanos. Según Méndez, tanto el exalcalde como Grecia Quiroz y el coronel Jiménez estaban al tanto del problema, pero «había alguien dentro del Ayuntamiento que lo protegía».
De acuerdo con la investigación, Samuel «N» habría filtrado información desde un chat de funcionarios del gabinete municipal, compartiendo datos sobre la convocatoria al evento y detalles específicos del día del atentado. Esa información habría llegado a la célula del CJNG comandada por Jorge Armando «N», conocido como «El Licenciado», quien coordinaba cada movimiento del entonces alcalde.
Juan Manzo precisó que Samuel «N» ya no formaba parte del Ayuntamiento cuando ocurrió el crimen, pero tuvo acceso a la agenda privada del exalcalde. Tras el asesinato, fue reingresado a la administración municipal bajo la gestión de Grecia Quiroz. El hermano del exalcalde señaló que la secretaria particular confirmó que Carlos Manzo ya había pedido la renuncia de ese personaje dos meses antes de su muerte.
«Las dudas siguen ahí, pero son por Grecia, no por los demás», afirmó Juan Manzo, quien añadió que todas esas inconsistencias no han sido atendidas por la Fiscalía de Michoacán.
El caso ilustra un patrón que se repite en varios municipios del país: la penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno local, facilitada por vínculos personales y por la opacidad en el manejo de evidencias. Que los teléfonos de un alcalde asesinado permanezcan fuera del alcance de los investigadores —según denuncia la familia— no es un detalle menor; es, potencialmente, el nudo de toda la cadena probatoria.
Conviene mirar los incentivos. Una Fiscalía estatal que no actúa ante señalamientos documentados por la propia secretaria particular de la víctima envía una señal clara sobre el costo real de colaborar con la justicia en Michoacán. El dato importa más que el ruido: mientras la evidencia permanezca retenida y los señalamientos sin respuesta institucional, el aparato del Estado seguirá siendo, para el crimen organizado, un activo más que un obstáculo.
