Desde el 24 de junio, cientos de familias caraqueñas duermen en carpas y toldos improvisados frente a sus propios edificios, dañados por el doble terremoto que sacudió la capital venezolana. Casi dos meses después, las lluvias torrenciales del fin de semana pasado terminaron de fracturar la frágil estabilidad de esos campamentos. El resultado: colchones empapados, toldos partidos por el peso del agua y adultos mayores que se acostaron pasadas las tres de la madrugada completamente mojados.
Los campamentos más golpeados se concentran en el bulevar Panteón, la parroquia Santa Rosalía y la avenida Bolívar. En el bulevar Panteón habitan alrededor de 60 familias, en su mayoría adultos mayores, residentes del edificio Belair: una torre de nueve pisos con etiqueta roja que, según la fuente, se mantiene en pie pero con sus columnas de soporte afectadas y sus pisos inferiores totalmente destruidos. Belkis Arias, de 61 años, describió la noche del sábado: «Se cayeron y se partieron los toldos por el peso de tanta agua. Nos acostamos a las tres y media de la mañana totalmente empapados. Se mojó la ropa, los colchones, el papel toilet, todo. Fue caótico». Los obreros del programa Venezuela Renace les han informado que, en el mejor de los casos, las reparaciones del edificio no terminarán hasta diciembre.
En Santa Rosalía, frente a la Misión Vivienda OPP 10, la situación no es mejor. Allí sobreviven 115 familias y 116 niños. El edificio fue catalogado inicialmente con etiqueta roja y luego reclasificado a amarilla, pero la ausencia de decisiones técnicas mantiene a los residentes en un limbo. Según Carolina Moreno, vocera de la comunidad, se realizó un estudio del suelo, pero hasta ahora ningún ingeniero patólogo ha venido a revisarlo. «Lo que más deseo es que vengan, revisen el estudio de suelo y nos digan si el edificio es habitable o no», declaró. A la incertidumbre estructural se suma que, desde el viernes pasado, la ONG World Central Kitchen dejó de llevarles el almuerzo, lo que obliga a muchos residentes a subir a cocinar a sus apartamentos dañados, exponiéndose a réplicas. La madrugada del martes se registró un temblor de 4.6 que renovó el temor de entrar a los edificios.
En la avenida Bolívar, el campamento «Oscar López Rivera» alberga a más de 80 familias. Madelein Mujica, de 37 años, relató que los vientos huracanados volaron los toldos y los colchones volvieron a mojarse. Mujica, quien trabaja para el Estado, señaló que ya vivió una crisis similar durante la vaguada de Carapita en 2010. Con el inicio del año escolar en septiembre, los residentes advierten otra presión: «No imagino a los niños saliendo desde estas carpas para ir al colegio», dijo Moreno.
El dato importa más que el ruido. Lo que describen estas fuentes no es solo una emergencia humanitaria puntual: es la fotografía de un Estado que acumula promesas sin plazos verificables. El programa Venezuela Renace anuncia reparaciones para diciembre; los ingenieros patólogos no aparecen; la ONG que suplía la alimentación se retiró. Cada una de esas ausencias tiene un nombre preciso: falla institucional. Cuando el sector privado y la cooperación internacional cubren lo que el aparato estatal debería garantizar, y luego se retiran, las familias quedan expuestas sin red.
Conviene mirar los incentivos. Un gobierno que no publica cronogramas técnicos ni asigna responsables nominales por edificio no enfrenta costos políticos inmediatos por la demora. Las familias, en cambio, pagan ese costo cada noche bajo la lluvia. La historia sugiere cautela ante los anuncios de reconstrucción que no van acompañados de auditoría independiente, plazos vinculantes y rendición de cuentas pública.
