La polémica por el cable de fibra óptica que el gobierno de Gabriel Boric concedió a China Mobile —un trazado entre Valparaíso y Hong Kong— volvió a la palestra esta semana con fuerza renovada. El detonante fue un reportaje del New York Times sobre el modus operandi de la administración de Donald Trump para presionar a gobiernos latinoamericanos mediante la amenaza de suspensión de visas.
Según el artículo, la Casa Blanca amenazó con retirar la visa a tres funcionarios del gobierno de Boric si el proyecto con la empresa estatal china seguía adelante. El medio estadounidense apunta a que esa presión —y no razones de «seguridad nacional»— fue la causa real de la cancelación del proyecto, contradiciendo la versión que en su momento comunicó el Ministerio de Transportes, encabezado por Juan Carlos Muñoz.
La versión también choca con lo expresado en su momento por Cancillería, que manifestó formalmente «sorpresa» al enterarse de que la amenaza se había concretado: Muñoz, el exsubsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y su jefe de gabinete Guillermo Petersen perdieron efectivamente sus visas.
Los exfuncionarios ofrecen lecturas distintas. Muñoz sostuvo que para él «la razón por la que se revocó el permiso que no había sido tramitado aún fue por los antecedentes de ciberseguridad presentados por la Embajada». Araya, por su parte, afirmó que «no hay una contradicción» entre versiones: según su relato, cuando el embajador Brandon Judd advirtió sobre sanciones, el ministro lo elevó al presidente Boric, quien tomó la decisión antes de que se aplicaran las sanciones. El decreto quedó «stand by» mientras la ANI y Defensa analizaban los antecedentes de seguridad entregados por Washington. La «sorpresa», según Araya, fue que aun habiendo detenido el proyecto, los tres funcionarios fueron sancionados de todas formas.
En La Moneda, quienes conocieron el reportaje del New York Times señalan que el artículo aporta un antecedente más a la decisión que se tomó de suspender el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante del presidente José Antonio Kast. Desde Palacio mantienen su desconfianza hacia la información que entregó la administración Boric, a la que acusaron de ocultar antecedentes sobre el proyecto con China Mobile.
El episodio fue descrito como la última gran crisis de la administración Boric y, a la luz de los nuevos antecedentes, el relato oficial de ese gobierno sigue sin cuajar.
Lo que el episodio revela va más allá de la disputa de versiones. Un gobierno que concede infraestructura crítica de telecomunicaciones a una empresa estatal china —en un contexto de competencia estratégica global— y luego construye una narrativa de «seguridad nacional» para encubrir una capitulación ante presión diplomática, exhibe un déficit de transparencia que no es menor. La soberanía de las decisiones de política exterior no se defiende con relatos contradictorios; se defiende con criterios claros desde el principio.
Conviene mirar los incentivos. Chile es un nodo geopolítico en el Pacífico Sur, y la infraestructura de datos es hoy tan estratégica como los puertos o las rutas aéreas. Que la nueva administración Kast haya recibido un expediente incompleto sobre un asunto de esta envergadura no es un detalle administrativo: es exactamente el tipo de opacidad que erosiona la confianza institucional y complica la continuidad del Estado. El dato importa más que el ruido.
