A casi cuatro meses de la inauguración de la ciclovía «La Gran Tenochtitlán» en la Calzada de Tlalpan, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Brugada, calificó la obra de «un éxito» y sostuvo que las críticas previas «han quedado en el olvido».
La declaración llegó acompañada de una admisión incómoda: al ser cuestionada sobre cuántas personas utilizan la ciclovía, Brugada reconoció que el gobierno capitalino no dispone de esa contabilidad. «Vamos a generar ese número y con gusto lo vamos a decir», señaló, según recogió El Universal.
El dato importa más que el ruido. Una obra que se presenta como transformación urbana exitosa carece, a cuatro meses de operación, del indicador más básico para evaluarla: el flujo de usuarios. La ausencia de esa métrica no es un detalle administrativo menor; es la diferencia entre una política pública verificable y un ejercicio de comunicación.
En paralelo, Brugada destacó el Jardín Flotante Tlallipan, habilitado sobre la misma Calzada, al que atribuyó una afluencia de entre 7 mil y 10 mil personas diarias en promedio. A diferencia del dato de la ciclovía, esta cifra sí fue ofrecida por la funcionaria, aunque sin precisar la metodología de medición.
La mandataria también enumeró mejoras asociadas al corredor: renovación de banquetas, nuevas luminarias, incremento de trenes en la línea del Metro y adecuación de estaciones. «La Calzada de Tlalpan se democratizó más y hoy la utilizan los ciclistas, los peatones, los automovilistas, el transporte público», afirmó.
Las obras en Tlalpan generaron controversia antes de su apertura, en particular por la reducción de carriles vehiculares en una de las arterias de mayor tráfico del sur de la capital. Brugada no detalló en qué consistieron esas críticas ni presentó evidencia de que el flujo vehicular se haya compensado o reordenado satisfactoriamente.
Conviene mirar los incentivos. El aparato de gobierno de la Ciudad de México tiene razones políticas para presentar esta obra como un logro consolidado: fue una apuesta visible de la administración entrante y cualquier señal de fracaso tendría costos inmediatos. Esa presión no convierte el proyecto en un error, pero sí obliga a exigir los números que la propia jefa de Gobierno prometió entregar.
Lo que queda en evidencia es una pauta recurrente en la gestión pública urbana: inaugurar, celebrar y medir después, o no medir. El dinero de los contribuyentes capitalinos financió la transformación de una vialidad de alta demanda; la ciudadanía merece saber, con datos auditables, si el resultado justifica el costo y la disrupción. Mientras esas cifras no existan, el «éxito» declarado por Brugada es, por definición, inverificable.
