Conviene mirar los incentivos antes de hablar de política sanitaria militar. Un brote de influenza en la base aérea de Lackland, Texas, dejó 284 reclutas contagiados, cuatro hospitalizados y un muerto. Ahora, el Congreso debate si eso era evitable.
El recluta Keon McDaniel, del 737th Training Support Squadron, murió el 16 de junio en el Brooke Army Medical Center. Las autoridades de Lackland indicaron que una investigación sobre las causas de su muerte está en curso. El representante Joaquin Castro, cuyo distrito incluye la base, confirmó el martes que la Fuerza Aérea reconoció que McDaniel murió a consecuencia del brote.
El trasfondo regulatorio es preciso. En abril, el secretario de Defensa Pete Hegseth eliminó la obligatoriedad de la vacuna anual contra la gripe para el personal militar y civil del Pentágono, calificando la política anterior como «excesivamente amplia y no racional». Dos meses después llegó el brote.
La cronología agrava el cuadro. Castro reveló en rueda de prensa que la excepción a la política —que habría permitido vacunar a todos los reclutas— fue solicitada aproximadamente un mes antes del brote, pero no fue aprobada sino después de que este ya había ocurrido. El Pentágono declinó comentar cuándo se solicitaron y concedieron las excepciones.
La semana pasada, el subsecretario de Personal y Preparación, Anthony Tata, otorgó excepciones al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que por extensión incluye al Cuerpo de Marines y a la Fuerza Espacial. The Associated Press reportó, citando a un funcionario del Pentágono, que todos los reclutas en entrenamiento básico deberán ahora recibir la vacuna.
Frente a ese contexto, los representantes Joaquin Castro, Chrissy Houlahan y Gil Cisneros presentaron una enmienda al Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2027 que restituiría la obligatoriedad de la vacuna contra la influenza para todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Cisneros, exsubsecretario de Defensa para Preparación de Personal, subrayó el impacto operativo: «Casi 300 futuros aviadores que no terminarán su entrenamiento en la fecha prevista», dijo, señalando el retraso en la incorporación de la clase de reclutamiento a sus escuadrones.
El dato importa más que el ruido político. La representante Houlahan precisó que no hay indicios de brotes en otras bases, aunque calificó la situación de «preocupación continua». Cisneros añadió que la vacuna no garantiza inmunidad absoluta, pero «sí marca una diferencia».
La enmienda enfrenta resistencia. Los mismos legisladores criticaron a sus pares republicanos por haber rechazado previamente incluir la medida en el paquete de reglas finales de la NDAA. La ley avanza en paralelo por ambas cámaras, con las versiones de la Cámara y el Senado pendientes de consideración en sus respectivos plenos.
La historia sugiere cautela ante las desregulaciones que tocan readiness. La preparación operativa de las fuerzas armadas es, por definición, un bien público de primer orden: un recluta enfermo no es solo un costo sanitario, es una unidad que no llega al frente en tiempo. El equilibrio entre autonomía individual y disciplina institucional tiene, en el ámbito castrense, una respuesta históricamente clara. El brote de Lackland no refuta esa lógica; la confirma.
