El cuerpo de Uber Fernando Quintero Jaimes, conocido en el circuito nacional de running como «Barranquillo» por ser oriundo de Barranquilla, fue encontrado sin vida el lunes en la mañana dentro de una camioneta estacionada en inmediaciones del Anillo Vial Occidental de Cúcuta, frente a un taller automotriz.
Según información preliminar de las autoridades, vecinos del sector reportaron a la Policía, alrededor de las 6:00 a.m., la presencia de un vehículo sospechoso con matrícula venezolana. Al acudir al lugar, los uniformados encontraron a una persona sin vida en el asiento del conductor. Los forenses determinaron que la víctima presentaba un orificio de bala en la cabeza.
El caso fue catalogado como homicidio. La investigación quedó a cargo de un equipo especial conformado por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía.
Quintero Jaimes era considerado uno de los principales exponentes de las competencias de running en Colombia. Su muerte generó consternación inmediata en la comunidad deportiva del país.
El hallazgo del vehículo con placa venezolana añade una dimensión que las autoridades deberán precisar. Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, es uno de los corredores de mayor actividad criminal del país, donde la presencia de estructuras armadas —algunas con vínculos transfronterizos— complica la labor investigativa y eleva el riesgo para cualquier ciudadano.
Conviene mirar los incentivos. La impunidad sostenida en zonas de frontera no es un fenómeno espontáneo: es el resultado acumulado de instituciones debilitadas, recursos insuficientes para la fuerza pública y una política de seguridad que el gobierno Petro ha subordinado a agendas de «paz total» cuyo balance en términos de vidas protegidas sigue siendo negativo. Cuando un deportista reconocido —figura pública, sin perfil de riesgo evidente— aparece ejecutado en una vía urbana a plena madrugada, el mensaje que recibe la ciudadanía es que el Estado no garantiza el orden más básico.
El dato importa más que el ruido. Colombia no necesita más declaraciones de duelo institucional; necesita investigaciones que lleguen a juicio, condenas que se cumplan y una presencia del Estado en la frontera que disuada, no que negocie. La muerte de Quintero Jaimes es un caso concreto, pero ilustra una tendencia que las cifras de homicidios en Norte de Santander confirman año tras año.
