La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó este jueves cinco traslados de partidas al Ministerio de Gobierno por un total de $53 millones. La ministra Montalvo sustentó las cifras ante los legisladores en una sesión que dejó más preguntas que respuestas sobre la gestión del sistema carcelario.
El desglose es el siguiente: $40.1 millones se destinarán a pagos a la empresa proveedora de alimentos —desayuno, almuerzo y cena— para los reclusos de los centros penitenciarios de Colón y Panamá; $5.7 millones cubrirán pasivos laborales de exfuncionarios; $5.4 millones saldarán cuentas pendientes de la construcción del Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda; $1.1 millones pagarán deudas con Cable & Wireless por el sistema de cámaras de vigilancia en los complejos La Joya, La Mega Joya y La Joyita —donde se alojan 16 mil presos—; y $725,815 se invertirán en la ampliación de un centro educativo en Llano Ñopo, en la comarca Ngäbe-Buglé.
El rubro que concentró el debate fue el de alimentación. El contrato lo tiene el Consorcio Alimentando Panamá, S.A., que presta el servicio desde 2012 y suministra alimentos a casi el 80% de la población penitenciaria. En enero de este año se le adjudicó un nuevo contrato por seis años adicionales, por un monto de $209.6 millones. Según reveló La Prensa en enero, en 2012 el consorcio estaba conformado por la empresa Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A. (Ibeaser), con una participación del 40%, y por Juan Carlos Almansa Latorre, ciudadano colombiano, con el 60% restante.
El diputado Vega cuestionó el monopolio del consorcio. «Ya yo sé quiénes son los dueños», afirmó, sin mencionar nombres. Su colega Chong preguntó además por un contrato adicional con la misma empresa por $387 mil para alimentos de la cárcel de Colón. La ministra dijo no tener información al respecto; su asesor Núñez explicó que ese contrato directo se realizó en enero mientras se formalizaba el nuevo acuerdo.
El diputado Pérez Barboni preguntó cuántos de los 195 presos que se fugaron de La Joyita el pasado 1 de julio habían sido recapturados. La ministra no ofreció un número exacto y señaló que los que aún permanecen en las calles «no exceden de seis», según los cálculos de su ministerio. Pérez Barboni también solicitó conocer los beneficiarios finales de las empresas contratistas, pero no obtuvo respuesta.
El diputado Salazar, del PRD, calificó de «real porquería» las tres comidas diarias que reciben los privados de libertad y cuestionó el contenido nutricional y el costo del servicio. «¿$550 por tres golpes? Esto es asqueroso», dijo.
Conviene mirar los incentivos. Un contrato de $209.6 millones a seis años, adjudicado al mismo operador que lleva activo desde 2012, con preguntas sobre beneficiarios finales que quedan sin respuesta en sede legislativa, es precisamente el tipo de opacidad que erosiona la confianza en el aparato estatal. La falta de competencia en el suministro carcelario no solo encarece el servicio para el contribuyente panameño; también reduce los incentivos para mejorar la calidad de lo que se entrega. El dato importa más que el ruido: cuando un diputado pregunta quiénes son los dueños y la ministra no sabe de un contrato adicional de $387 mil, el problema no es solo administrativo. Es de rendición de cuentas. La estabilidad jurídica e institucional que el gobierno de Mulino ha prometido como sello de gestión exige que esa transparencia empiece por casa.
