La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló una organización investigada por una serie de ataques y amenazas contra comerciantes de origen chino. Trece allanamientos simultáneos en barrios porteños —Balvanera, Retiro, Constitución, Villa Urquiza y Monserrat— y en los partidos bonaerenses de Virrey del Pino y General Rodríguez resultaron en cinco detenidos: dos hombres y una mujer de nacionalidad paraguaya, y dos mujeres chinas.
El caso se inició el 21 de julio de 2025, cuando un comerciante chino fue baleado en la pierna al salir de su local en Balvanera. El análisis de cámaras públicas y privadas permitió identificar a un joven paraguayo como presunto autor material del disparo. Pero la investigación no se detuvo ahí.
Al cruzar ese expediente con otro episodio del 17 de mayo de 2025 —cuando un comercio chino fue atacado con una granada de gas lacrimógeno arrojada dentro del local—, los detectives encontraron en dispositivos electrónicos secuestrados mensajes en chino, fotografías y videos vinculados con múltiples hechos delictivos: disparos, incendios, amenazas, ataques con granadas y registros de armas de fuego junto a imágenes de comercios y posibles víctimas.
El material también documentó ataques en localidades bonaerenses como Zárate y Paso del Rey, lo que amplió el alcance geográfico de la presunta organización más allá de la capital.
Un episodio de particular gravedad se sumó al expediente: el 31 de julio, en Carapachay, partido de Vicente López, un hombre de nacionalidad china recibió un disparo en la cabeza. Por ese hecho fue detenido un exintegrante de la Gendarmería Nacional que, según la pesquisa, ya había sido identificado previamente como parte de la estructura investigada.
La hipótesis central de los investigadores apunta a que la organización estaría liderada por un hombre de nacionalidad china que permanece prófugo y que además integraría una mutual que nuclea a comerciantes. Esa entidad, según los investigadores, habría operado como pantalla para las actividades ilícitas.
El rastro financiero refuerza esa hipótesis. Con información aportada por entidades bancarias y financieras, los detectives detectaron múltiples transferencias entre personas investigadas, algunas por montos similares realizadas en fechas cercanas a los distintos ataques. Para la investigación, esos movimientos apuntarían a una organización con distribución de funciones y mecanismos de financiamiento deliberados.
Entre el material secuestrado figuran municiones, 13 pasaportes de la República Popular China, teléfonos celulares, computadoras, tablets y dispositivos de almacenamiento. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, a cargo del juez Sánchez Sarmiento, avaló lo actuado. La investigación continúa con el análisis forense del material y la búsqueda de los prófugos, entre ellos una mujer venezolana y el presunto líder chino de la red.
Conviene mirar los incentivos. Una organización que presuntamente extorsiona a comerciantes dentro de su propia comunidad, se financia con transferencias bancarias trazables y recluta a un exintegrante de una fuerza de seguridad del Estado revela un nivel de institucionalización que va más allá del delito común. El dato más inquietante no es la violencia en sí —grave como es— sino la capacidad de la estructura para operar durante meses en múltiples jurisdicciones antes de ser detectada. La libre empresa prospera donde el Estado garantiza que ningún actor privado pueda cobrar un peaje por el simple hecho de trabajar. Cuando ese principio se quiebra, el daño no recae solo sobre las víctimas directas: recae sobre la confianza en las instituciones que deben protegerlas.
