El presidente Donald Trump viaja a Ankara los días 7 y 8 de julio de 2026 para participar en la cumbre de la OTAN, la segunda vez que Turquía acoge el encuentro de la alianza atlántica. El motivo declarado por el propio Trump para asistir es su interés en reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cuyo país aporta a la alianza una capacidad militar considerable y una posición geográfica que ancla el flanco suroriental de la OTAN.
La cita llega en un momento de transición formal para la alianza. Pete Hegseth, a quien la administración Trump denomina «Secretary of War» —título que revive una denominación histórica estadounidense—, anunció una revisión de seis meses sobre la asignación de fuerzas norteamericanas en el teatro europeo, bautizada internamente como «NATO 3.0». Ese documento de revisión es, en la práctica, el eje conceptual de la cumbre.
El punto de partida es el éxito de La Haya. En la cumbre de 2025, todos los aliados acordaron un nuevo mínimo de gasto en defensa del 5% del PIB, un resultado que el secretario general Mark Rutte ha descrito como el compromiso que ahora debe convertirse en «resultados concretos». Ankara es, en ese sentido, un informe de avance: cuánto de lo prometido se ha materializado en presupuestos, contratos y capacidades reales.
Entre los temas de fondo figura la base industrial de defensa. La administración Trump ha expresado interés en ampliar la adquisición conjunta de munición de precisión con otros aliados, un déficit que la guerra en Ucrania ha expuesto con claridad. La alianza destinará 70.000 millones de dólares en equipamiento militar, asistencia adicional y entrenamiento para las fuerzas ucranianas, según la declaración previa a la cumbre.
El argumento estratégico de Washington es coherente: China desarrolla una expansión militar de gran escala y presiona a vecinos que son aliados de Estados Unidos —Japón, Filipinas, Australia—, lo que obliga a reorientar recursos hacia el Indo-Pacífico. Para que ese pivote sea viable sin debilitar el flanco atlántico, Europa debe asumir la responsabilidad primaria de su propia seguridad. La retirada parcial de tropas estadounidenses de Europa ya forma parte de ese ajuste de postura.
The Heritage Foundation publicó un informe especial titulado «NATO 3.0 and American Security Strategy in Europe» con recomendaciones sobre los cambios necesarios en postura de fuerzas, planificación y adquisiciones para hacer operativa esa visión.
Conviene mirar los incentivos. Durante décadas, la garantía de seguridad estadounidense funcionó como un subsidio implícito que redujo el costo político de mantener ejércitos pequeños en Europa. El acuerdo del 5% en La Haya —y la presión sostenida de Trump— ha comenzado a cambiar ese cálculo. Que todos los aliados hayan firmado el compromiso es un dato; que lo cumplan en plazos verificables es la prueba que Washington exige.
El dato importa más que el ruido. La cumbre de Ankara no resolverá las tensiones de fondo entre una Europa que construye autonomía estratégica y una Washington que redistribuye prioridades. Pero sí fijará un calendario de rendición de cuentas. Para los contribuyentes a ambos lados del Atlántico, la pregunta relevante no es si la alianza sobrevive —lleva más de 70 años haciéndolo—, sino quién paga qué parte de la factura a partir de ahora.
