El gobierno de España confirmó este lunes que la cifra oficial de migrantes que ingresaron de manera irregular a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio se mantiene en 72.000 personas. La aclaración fue necesaria después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Torres, mencionara la cifra de 80.000 durante una comparecencia junto al presidente ceutí, Vivas.
Desde el propio departamento ministerial se precisó que la referencia a 80.000 buscaba ilustrar la escala de la contingencia fronteriza comparándola con el total de la población residente en el enclave, que roza esa cifra. No se trató, por tanto, de un nuevo balance de entradas.
El ministro Torres subrayó que la devolución rápida hacia Marruecos de la gran mayoría de los adultos que cruzaron la frontera evitó que Ceuta entrara en una situación de colapso institucional y operativo. Sin embargo, el foco de la crisis se ha desplazado hacia los menores no acompañados que permanecen en territorio español.
Hasta el momento, las autoridades han censado e identificado a unos 1.400 menores. El propio Torres advirtió que el registro sigue abierto y que la cifra final continuará ajustándose conforme avancen los peritajes de las fuerzas de seguridad y los servicios sociales.
Ese dato abrió un nuevo frente diplomático entre Madrid y Rabat. El ministro de Justicia de Marruecos, Ouahbi, responsabilizó al Estado español por la permanencia de esos jóvenes en su territorio y exigió su restitución inmediata. Según Ouahbi, su gobierno solicitará formalmente la devolución a través de los canales legales y políticos correspondientes, invocando el interés superior de los niños y el marco de cooperación bilateral.
La magnitud del episodio no tiene precedente reciente en la frontera sur europea: 72.000 personas en 48 horas superan con creces cualquier registro anterior en Ceuta. Que la respuesta inmediata del aparato estatal haya consistido, en primer lugar, en aclarar una cifra ministerial equivocada dice algo sobre la gestión comunicativa de la crisis.
Conviene mirar los incentivos. La presión sobre los sistemas de acogida —ya señalada como saturada en informaciones previas— recae en última instancia sobre los contribuyentes españoles y sobre las instituciones del enclave, que no diseñaron su capacidad para absorber un flujo de esta magnitud. El debate sobre los menores no acompañados, legítimo en términos humanitarios, no puede servir de cortina para eludir la pregunta de fondo: qué combinación de acuerdos bilaterales, controles fronterizos efectivos y política de retorno hace sostenible la gestión de una frontera exterior de la Unión Europea. La historia sugiere cautela ante respuestas que priorizan la narrativa sobre los mecanismos concretos de disuasión y retorno.
