Una pecera plástica con unos centímetros de agua y un puñado de peces diminutos: esa es la imagen detrás de un proyecto de control biológico que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) desarrolla desde 2022 para frenar la proliferación del Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue.
El programa, coordinado por la Cátedra de Acuicultura, trabaja con dos especies nativas: Cnesterodon decemmaculatus y Jenynsia lineata, conocidas popularmente como «madrecitas de agua». Cada ejemplar adulto puede consumir hasta 100 larvas de mosquito al día, según los responsables del proyecto.
Alejandro López, licenciado en Ciencias Ambientales y responsable de la iniciativa, destaca que se trata de «peces de fácil manejo y bajos requerimientos, que naturalmente están acostumbrados a vivir en ambientes reducidos». La Cátedra los entrega a demanda y de manera gratuita a vecinos, escuelas y organizaciones comunitarias.
Durante 2024 y 2025, el programa distribuyó más de 20.000 ejemplares en el marco del programa de extensión universitaria UBANEX, en alianza con la Cooperativa de Recicladores del Oeste (RUO). El proyecto fue declarado de interés ambiental en la Ciudad de Buenos Aires.
Ana Paula Baldonedo, coordinadora del proyecto, señala que los peces están pensados para reservorios de agua de difícil vaciado o tratamiento químico: piletas, estanques y otros recipientes donde las técnicas tradicionales —eliminar agua estancada, usar repelentes, colocar mosquiteros— no siempre resultan prácticas. López subraya que la propuesta «reduce las aplicaciones de sustancias químicas, tiene una eficiencia alta y de largo plazo, a un costo muy bajo».
El contexto epidemiológico que empuja la búsqueda de alternativas es severo. La temporada 2023-2024 dejó en Argentina más de 580.000 casos confirmados y 419 fallecimientos por dengue, la mayor epidemia desde que existen registros epidemiológicos modernos, según los datos de la fuente. A escala global, la Organización Mundial de la Salud registró medio millón de casos en el año 2000 y 14,6 millones en 2024.
El infectólogo tropicalista Orduna, del Hospital Muñiz, advierte que hoy coinciden «una mayor circulación de personas entre zonas con transmisión de dengue, la expansión de actividades productivas, la ocurrencia de eventos climáticos extremos y mayores dificultades para acceder rápidamente al sistema de salud». El NEA y el NOA concentran el mayor riesgo por clima favorable, cercanía con países endémicos y movilidad laboral.
Conviene mirar los incentivos detrás de esta iniciativa. Un método que combina costo casi nulo, distribución descentralizada y eficacia documentada representa exactamente el tipo de innovación que el sistema de salud pública necesita: soluciones escalables que no dependen de presupuestos abultados ni de burocracia centralizada. La articulación entre la universidad, cooperativas y comunidades locales demuestra que la transferencia de conocimiento puede funcionar sin intermediarios estatales costosos.
El dato importa más que el ruido: 20.000 peces distribuidos en dos años no resuelven una epidemia de 580.000 casos, pero establecen un modelo replicable. Si el aparato estatal facilita —en lugar de obstaculizar— la expansión de este tipo de programas, el costo marginal de prevención por hogar podría ser ínfimo. La pregunta relevante no es si el método funciona, sino si las instituciones tienen los incentivos correctos para escalarlo.
