Estados Unidos podría imponer un arancel adicional del 7.5 por ciento a los productos chinos antes de la cumbre que Donald Trump y Xi Jinping tienen prevista en Washington en septiembre, según personas familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg. La medida elevaría los aranceles del segundo mandato de Trump sobre China a alrededor del 20 por ciento, nivel que Beijing ha dicho anteriormente que es compatible con su tregua comercial con Washington —una declaración previa, no una aceptación de la medida en curso.
Las tasas exactas aún no se han definido, advirtieron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. Entre las opciones que se barajan figura anunciar una tasa arancelaria más alta para China y suspender parcialmente su aplicación, de modo que la tasa efectiva quede en el 7.5 por ciento. Trump, señalan las mismas fuentes, es conocido por introducir exigencias o cambios de último minuto en los anuncios comerciales. Un funcionario de la Casa Blanca consultado por Bloomberg afirmó que cualquier anuncio provendrá directamente de la administración y que cualquier información al respecto «debería considerarse especulación sin fundamento».
El contexto legal es determinante. La Corte Suprema dictaminó en febrero que los gravámenes globales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional violaban la Constitución. Los aranceles globales temporales del 10 por ciento expiraron en julio y también fueron considerados ilegales por un tribunal comercial. La administración reconstruye ahora su barrera arancelaria apoyándose en investigaciones sectoriales: en marzo inició una bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre exceso de capacidad en más de una decena de socios comerciales, y otra paralela sobre trabajo forzoso.
El representante comercial Jamieson Greer señaló en julio a Bloomberg Television que la investigación sobre exceso de capacidad tardaría más que la de trabajo forzoso por su complejidad, y aclaró que la demora no guardaba relación con los esfuerzos por mantener la tregua con Beijing. Funcionarios de la administración esperan publicar los resultados antes de la reunión con Xi. Los detalles del informe han planteado dificultades jurídicas, según las mismas fuentes.
Paralelamente, Beijing y Washington buscan extender el pacto comercial vigente, cuya tregua de un año expira el 10 de noviembre, según las fuentes consultadas por Bloomberg.
El contraste con la política hacia aliados tradicionales resulta llamativo: mientras la administración ha mantenido cierta cautela frente a China, impuso un arancel del 50 por ciento a miles de millones de dólares en productos canadienses y ha considerado anular el T-MEC.
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Conviene mirar los incentivos. La estrategia de Washington combina presión arancelaria con negociación: elevar el costo de entrada antes de sentarse a la mesa es una táctica de manual, y la cumbre de septiembre le da a Trump un horizonte concreto para mostrar músculo sin romper la tregua. El dato importa más que el ruido: si los nuevos gravámenes se sostienen jurídicamente —algo que los tribunales han negado dos veces en meses recientes— el libre comercio global enfrenta una reconfiguración estructural, no un episodio pasajero. Para las economías que exportan manufacturas a Estados Unidos, el mensaje es claro: la era de los aranceles bajos como norma predeterminada ha terminado, y la incertidumbre regulatoria es ahora el principal costo de hacer negocios con la primera economía del mundo.
