El aspirante al Senado de Míchigan Abdul El-Sayed enfrenta preguntas sobre su historial familiar tras un reporte publicado por The Midwesterner que revela que su madre biológica, Fatten Fathy Elkomy, trabajó para la Islamic American Relief Agency (IARA) desde 1999 hasta al menos 2004.
Ese año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la IARA como organización «terrorista global» y alegó que sus filiales en el exterior «proporcionaron cientos de miles de dólares» a Osama Bin Laden en 1999. El Tesoro también señaló vínculos del grupo con Hamas y combatientes talibanes.
La IARA se presentaba públicamente como una organización humanitaria enfocada en atención médica, huérfanos y poblaciones vulnerables en zonas de conflicto, con decenas de oficinas alrededor del mundo.
En marzo de 2007, el Departamento de Justicia acusó a la filial estadounidense, IARA-USA, de transferir fondos ilegalmente a Irak. En 2016, la organización se declaró culpable de conspirar para violar sanciones al canalizar casi 1,4 millones de dólares hacia ese país, y acordó disolverse. El comunicado de la Fiscalía federal de julio de 2016 precisó que la IARA carecía de fondos disponibles para pagar multas debido al bloqueo de sus activos.
Importante subrayar lo que las fuentes establecen con claridad: Elkomy nunca fue acusada de irregularidad alguna, y ninguna de las personas citadas en el caso federal contra la IARA fue imputada por delitos relacionados con terrorismo. En una entrevista con el St. Louis Post-Dispatch en 2004, Elkomy negó cualquier vínculo entre la organización y grupos terroristas: «He estado trabajando allí sirviendo a huérfanos y niños que han perdido al menos a uno de sus padres, y me parte el corazón que no vayan a recibir ayuda», declaró según esa fuente.
Elkomy y el padre de El-Sayed se separaron tras inmigrar a Estados Unidos a principios de los años ochenta. Según The Midwesterner, El-Sayed ha hecho referencias constantes a su padre, Mohamed El-Sayed, y a su madrastra, Jacqueline El-Sayed, durante su campaña, pero ha mencionado poco o nada a Elkomy. Actualmente, según el mismo reporte, ella reside en Estados Unidos y ejerce como enfermera practicante en Misuri.
El dato importa más que el ruido. La ausencia de cargos penales contra Elkomy es un hecho que no admite distorsión. Lo que sí merece escrutinio es la selectividad con que El-Sayed construye su narrativa biográfica de cara a los votantes: omitir a un familiar no es un delito, pero en política la transparencia sobre el propio historial es una exigencia legítima, especialmente cuando se aspira a representar a un estado en el Senado federal.
Conviene mirar los incentivos. Un candidato que se posiciona en el ala izquierda del Partido Demócrata y que al mismo tiempo administra con cuidado qué vínculos familiares hace públicos enfrenta una pregunta sencilla: ¿por qué? La respuesta no la ofrecen las fuentes disponibles, pero la pregunta es exactamente la que los votantes de Míchigan tienen derecho a formular.
