Al menos siete personas fallecieron y otras catorce resultaron heridas el lunes en una estampida registrada en el templo hinduista de Ashok Dham, en el distrito de Lakhisarai, estado de Bihar, al norte de la India. Todas las víctimas mortales son mujeres, según confirmaron las autoridades locales.
El incidente ocurrió durante la mañana cuando un poste de luz se desplomó en la parada de trenes adyacente al templo, punto de concentración de peregrinos que acudían a ofrecer agua al dios Shiva en el marco del mes sagrado de Shravan. El magistrado del distrito, Kumar, explicó a la agencia local ANI que la caída del poste generó el rumor de que un cable con corriente había caído sobre la multitud. «Esto provocó presión en la cola de mujeres del lado izquierdo. Entonces, las mujeres cayeron una encima de la otra», declaró.
El jefe de Gobierno de Bihar, Choudhary, anunció una indemnización de 400.000 rupias —equivalentes a 4.184 dólares— para los familiares directos de cada fallecida. En su cuenta de X expresó que la noticia lo dejó «profundamente afligido» e indicó que impartió instrucciones a la administración para garantizar atención rápida a los heridos.
El episodio no es aislado. A finales de marzo, ocho personas murieron y otras ocho resultaron heridas en otro templo hindú de Bihar por una avalancha humana. El año pasado, durante el festival Kumbh Mela, una estampida de madrugada dejó 30 personas muertas en el norte del país. La recurrencia del fenómeno traza un patrón que las autoridades indias no han logrado interrumpir.
Las propias fuentes señalan una combinación de factores estructurales: infraestructuras rurales precarias, afluencia masiva de fieles y desvío de recursos de seguridad hacia actos oficiales. El resultado es predecible y, en ese sentido, evitable.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el Estado destina capacidad operativa a la escolta de funcionarios en lugar de a la gestión de multitudes en espacios de alta densidad, el costo lo pagan los ciudadanos más vulnerables —en este caso, mujeres peregrinas en una cola de acceso a un templo rural—. La indemnización anunciada por Choudhary, aunque necesaria, no sustituye la auditoría de protocolos que Bihar y otros estados del norte de la India adeudan tras una serie de tragedias repetidas con una regularidad que ya no admite ser catalogada como accidente fortuito. El dato importa más que el ruido: tres estampidas mortales en Bihar y sus alrededores en menos de dieciocho meses apuntan a un déficit de gestión pública, no a la fatalidad de las multitudes.
