Al menos siete personas fallecieron y otras 14 resultaron heridas el lunes en una estampida en el templo hinduista de Ashok Dham, en el distrito de Lakhisarai, estado de Bihar, norte de la India. Todas las víctimas mortales son mujeres, según confirmaron las autoridades locales.
El incidente ocurrió durante la mañana cuando un poste de luz se desplomó en la parada de trenes adyacente al templo, punto de concentración de peregrinos que acudían a ofrecer agua al dios Shiva en el marco del mes sagrado de Shravan. El magistrado del distrito, Shailendra Kumar, explicó a la agencia local ANI que la caída del poste generó el rumor de que un cable con corriente había caído sobre la multitud. «Esto provocó presión en la cola de mujeres del lado izquierdo. Entonces, las mujeres cayeron una encima de la otra», declaró Kumar.
El jefe de Gobierno de Bihar, Samrat Choudhary, anunció una indemnización de 400.000 rupias —equivalentes a 4.184 dólares— para los familiares directos de cada víctima. En su cuenta de X escribió: «La noticia del fallecimiento de los devotos en el accidente ha dejado mi corazón profundamente afligido», e informó que impartió instrucciones a la administración para garantizar atención rápida a los heridos.
El episodio no es aislado. A finales de marzo, ocho personas murieron y otras ocho resultaron heridas en otro templo hindú en Bihar por una avalancha humana. El año anterior, durante el festival Kumbh Mela en el norte de la India, una estampida de madrugada dejó 30 personas muertas. Las tragedias se repiten con una regularidad que las autoridades no han logrado interrumpir.
Las fuentes consultadas apuntan a una combinación de factores estructurales: infraestructuras rurales precarias, desvío de recursos de seguridad hacia actos oficiales y afluencia masiva de fieles en espacios no diseñados para absorberla. El resultado es un patrón predecible que, sin embargo, no ha producido reformas verificables en la gestión de multitudes.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el Estado anuncia indemnizaciones tras cada tragedia pero no rinde cuentas por la ausencia de medidas preventivas, el costo político de la inacción permanece bajo. La compensación monetaria —necesaria para las familias— no sustituye la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad en espacios de uso masivo. Mientras la infraestructura rural siga siendo la variable de ajuste del presupuesto y los recursos de orden público se destinen a proteger actos oficiales antes que a peregrinos, Bihar y otros estados seguirán contando muertos en festividades que, por su calendario, no sorprenden a nadie. El dato importa más que el ruido: tres tragedias documentadas en menos de dieciocho meses en el mismo estado sugieren un problema de gestión pública, no de mala suerte.
