Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Marganets, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, causó la muerte de un bebé de tres meses y dejó heridas a otras 11 personas durante la noche del 14 al 15 de agosto. El proyectil alcanzó un edificio residencial de cuatro plantas, donde se desató un incendio, según informó el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).
Entre los heridos figuran dos niños de 5 y 12 años, además de nueve adultos. En la misma ciudad resultaron dañados edificios de apartamentos, una tienda, un cine y varios vehículos, de acuerdo con los reportes oficiales.
Oleksandr Ganzha, jefe de la Administración Militar Regional, comunicó a través de Telegram que Rusia atacó tres distritos de la provincia en más de 20 ocasiones, empleando drones, artillería y una bomba aérea guiada. Marganets pertenece al distrito de Nikopol, zona que ha concentrado una presión militar sostenida a lo largo del conflicto.
El dato importa más que el ruido. Lo ocurrido en Marganets no es un incidente aislado ni un daño colateral difuso: es el resultado directo de una doctrina militar que emplea munición de precisión —drones y bombas guiadas— contra infraestructura civil en zonas alejadas del frente de combate. La muerte de un bebé de tres meses en un edificio de apartamentos no admite eufemismos; es la consecuencia más concreta de una estrategia que apunta a la población para erosionar la voluntad de resistencia.
Conviene mirar los incentivos. Cada ataque de este tipo sobre ciudades del interior ucraniano cumple una función dual: presiona a la sociedad civil y consume recursos de defensa antiaérea que Kiev necesita en el frente. La comunidad internacional lleva meses debatiendo el ritmo y el alcance del suministro de sistemas de intercepción a Ucrania; episodios como el de Marganets recuerdan que ese debate tiene un costo humano medible, contado en vidas, no en comunicados. La historia sugiere cautela ante la tentación de normalizar estas cifras.
