Un tribunal federal de Manhattan desveló el martes una acusación revisada de 14 cargos contra 17 ciudadanos iraníes vinculados al Instituto Mabna, una organización con sede en Irán que, según los fiscales, ejecutó intrusiones cibernéticas en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y otros clientes gubernamentales y universitarios iraníes.
Nueve de los 17 acusados ya figuraban en la acusación original de 2018. La nueva versión incorpora a ocho personas adicionales y documenta ataques adicionales contra instituciones estadounidenses e internacionales. La campaña de piratería comenzó alrededor de 2013 y se prolongó al menos hasta diciembre de 2017.
Escala del robo
Las cifras son reveladoras. Los acusados supuestamente apuntaron a más de 100.000 cuentas de profesores en todo el mundo y comprometieron cerca de 8.000 cuentas en 144 universidades estadounidenses y 178 universidades en el extranjero, incluidas instituciones en Israel. El botín ascendió a al menos 31,5 terabytes de datos académicos y propiedad intelectual: revistas, tesis, disertaciones y libros electrónicos en disciplinas que van desde ciencia y tecnología hasta medicina y ciencias sociales.
El Departamento de Justicia estima que las universidades afectadas gastaron más de 3.400 millones de dólares para obtener y acceder al material que fue objeto del robo. Esa cifra no representa el daño directo, sino el valor de los recursos que los atacantes se apropiaron sin costo alguno.
Más allá de las aulas
La operación no se limitó al ámbito académico. Los acusados supuestamente comprometieron cuentas de correo electrónico de empleados en al menos 42 empresas estadounidenses, 11 compañías extranjeras y cinco agencias federales y estatales de Estados Unidos, además de organizaciones como las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Uno de los episodios más llamativos involucra a la empresa de medios y entretenimiento Home Box Office. Según la acusación, miembros de la red piratearon la compañía en 2017 e intentaron extorsionarla por aproximadamente 6 millones de dólares en Bitcoin. Behzad Mesri, acusado por separado en ese caso, y cinco otros imputados del caso Mabna participaron en esa intrusión.
Los fiscales señalan además que los piratas vendieron el material académico robado a través de sitios web que atendían a clientes en Irán y ofrecieron acceso a sistemas de bibliotecas universitarias mediante las cuentas de profesores comprometidas.
El programa Rewards for Justice del Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la localización de cinco de los acusados: Mesri, Galekuhi, Kahzadian, Fayaz y Shahbazi Ballojeh. Los cargos incluyen conspiración para cometer intrusiones informáticas, conspiración para cometer fraude electrónico, acceso no autorizado a sistemas informáticos, robo agravado de identidad y fraude electrónico.
«La acusación revisada alega que, a instancias de entidades que incluyen al CGRI, estos acusados piratearon universidades e instituciones de investigación en todo el mundo», declaró Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional.
Lo que está en juego
Conviene mirar los incentivos. Irán construyó durante años una capacidad de inteligencia científica a coste casi nulo: en lugar de financiar investigación propia, desplegó un aparato estatal para extraer el conocimiento que el mundo libre produce y paga. Las universidades y los contribuyentes que las financian absorbieron el costo; Teherán se quedó con el beneficio.
El dato importa más que el ruido. Esta acusación ampliada, presentada bajo la administración Trump, envía una señal clara de que Washington no considera el ciberespionaje patrocinado por Estados como un asunto menor de política exterior, sino como un delito perseguible con nombre, apellido y recompensa. La pregunta que queda abierta es si la presión judicial, sin extradición posible, es suficiente para alterar el cálculo de Teherán.
